En otoño de 2017, el entonces consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, avanzaba a los integrantes de la Plataforma por la Sanidad Pública de Las Merindades que ya se habían iniciado las conversaciones con el Gobierno Vasco para ampliar a nuevas zonas la posibilidad de elegir ser atendidos en el servicio vasco de salud, Osakidetza. Ángel Ibáñez, al frente de Presidencia en octubre de 2021, mantuvo un encuentro en Vitoria con la que era responsable de Gobernanza, Olatz Garamendi, y trasmitió a los alcaldes y ediles del PP de la comarca la inminente firma del convenio que daría oportunidad a los vecinos de toda la comarca de elegir ser atendidos en Burgos o Vizcaya. El 29 de diciembre de 2021 se iba a firmar un pacto general con Euskadi relativo a diferentes materias, pero la convocatoria electoral lo retrasó sine die. Ahora, el Procurador del Común urge a la Junta de Castilla y León a que «se agilicen los trámites necesarios para alcanzar la firma de un acuerdo lo antes posible».

Tomás Quintana, en respuesta a una solicitud ciudadana, ha emitido una resolución este mes en la que le plantea a la Junta de Castilla y León que debe cerrar ya este capítulo para «atender a las reivindicaciones de los habitantes de Las Merindades, de manera que se mejore la asistencia sanitaria de los residentes en este territorio limítrofe con el País Vasco». La Administración regional le contestó sin concretar si la ampliación del convenio llegará a toda la comarca o solo a una parte. En su respuesta manifiesta que «la Comunidad de Castilla y León, en diversas ocasiones, ha manifestado su disponibilidad e interés en firmar un convenio en materia de atención sanitaria con el País Vasco, buscando satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos de las zonas limítrofes de Castilla y León». A ello añade que «actualmente se está trabajando en la negociación de un convenio de colaboración específico en materia sanitaria en el que se puedan recoger todas las prestaciones que se consideren necesarias para proteger la salud de las personas que viven en estas zonas».

Asimismo, afirma que «la Junta de Castilla y León, de forma coordinada con el País Vasco, está determinando las cláusulas del futuro convenio, intentando resolver las necesidades de los habitantes de las zonas limítrofes entre ambas comunidades» y para ello el pasado 12 de julio se celebró una nueva reunión en Vitoria. El fin era «avanzar y cerrar las cláusulas del citado convenio», pero el año se acaba y no hay noticia alguna en la comarca ni entre los alcaldes que tanto han reivindicado este acuerdo.

Riesgo de despoblación. El Procurador del Común insiste en su resolución en que «resulta indispensable la provisión de unos servicios públicos de calidad en las zonas periféricas -como Merindades- y mejorar las condiciones de vida de esta población, evitando así el riesgo de despoblación, que se produzca el abandono de este territorio o que los habitantes de estas zonas decidan empadronarse fuera de Castilla y León para poder acceder a la cartera de servicios sanitarios de la comunidad más próxima».

Asimismo, Quintana López reconoce que la «realidad social» de la comarca hace que «una parte importante de sus ciudadanos tengan una estrecha relación con Vizcaya» y como «en el caso de hospitalizaciones, los residentes de esta comarca pueden tener en Vizcaya una red de apoyo y acompañamiento» y carecer de ella en Burgos y Miranda de Ebro, donde están ahora sus hospitales de referencia.