El alcalde de la Merindad de Sotoscueva, el popular José Luis Azcona del Hoyo, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial en febrero de 2025. Un auto del 12 de diciembre fija la fecha en la que responderá por un delito continuado de prevaricación, por el que le piden una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para cargo o empleo público. En la misma pieza se incluye la acusación contra Fernando Torres, presidente en 2017 de la Sociedad de Caza El Hornedo de Trápaga, como presunto autor de un delito de falsificación. Para este último, la acusación particular reclama de 3 a 6 años de prisión. El fiscal ha renunciado a formular acusación.

Los hechos que Azcona del Hoyo presuntamente cometió en calidad de alcalde pedáneo de Quisicedo y alcalde de la Merindad de Sotoscueva, se remontan a 2017 y están relacionados con la gestión de los derechos cinegéticos de 242 hectáreas de fincas rústicas de Quisicedo pero propiedad de particulares, 50 h de la junta vecinal de Quisicedo y otras 251 h propiedad del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva. La titular del Juzgado de Villarcayo, que solicitó la apertura del juicio oral en 2021, entiende que los derechos cinegéticos sobre todos esos terrenos, algo más de 500 hectáreas, fueron cedidos por un periodo de 10 años «de manera directa a la Sociedad Deportiva de Caza El Hornedo de Trápaga en 2017 sin contar con el preceptivo acuerdo de la junta vecinal de Quisicedo» en la parte que le correspondía y sin acuerdo alguno del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva. La juez considera que «esta actuación fue contraria al principio de transparencia, concurrencia, publicidad y objetividad, puesto que tampoco existió un pliego de condiciones para la cesión de parcelas para su aprovechamiento cinegético». Por ello, la jueza entendió que con su actuación «impidió que otros cotos hubieran podido acceder a la licitación de las parcelas para su aprovechamiento cinegético... favoreciendo con ello a la Sociedad de Caza El Hornedo de Trápaga».

La denuncia por estos hechos la interpuso el concejal de Iniciativa Merindades, Juan Carlos Izaguirre, en 2019 y no será hasta 2025 cuando se juzguen los hechos en la Audiencia Provincial después de que el Juzgado de lo Penal 3, al que Villarcayo remitió el caso, haya dictaminado que no es competente para juzgarlo por estar en juego una pena de prisión de más de 5 años. Ésta afectaría al presidente de la Sociedad Deportiva de Caza, Fernando Torres, «por presentar la declaración de cesión de todos los terrenos, tanto privados como patrimoniales de la Junta Vecinal de Quisicedo y del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva, a sabiendas de que la misma no se ajustaba a la realidad, puesto que no existía ningún acuerdo, ni de la junta de Quisicedo ni del Ayuntamiento» y los documentos los había firmado de forma directa Azcona del Hoyo.

En el auto de solicitud de apertura de juicio oral también se explica que el origen del problema se remonta a que los derechos cinegéticos de los terrenos de Quisicedo fueron cedidos a la pedanía de Quintanilla del Rebollar por 10 años, de 2008 a 2018, de forma correcta, mediante los preceptivos acuerdos de la junta vecinal de Quisicedo y el Ayuntamiento de Sotoscueva. Pero Quintanilla del Rebollar decidió ceder la titularidad de su coto a la Sociedad El Hornedo de Trápaga y fue en 2017, antes de que concluyera la cesión hecha en su día a Quintanilla, cuando Azcona firmó documentos de cesión de los derechos.