Hace algo más de un mes, días después de que el consejo rector del Consorcio de Villalonquéjar acordara la devolución de los 1,1 millones de euros de la fianza que el Grupo Leal entregó hace casi quince años por la reserva de 73.000 metros cuadrados de suelo en la última ampliación del polígono, el consejero y al mismo tiempo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Manso, remitió a la oficina técnica del ente (la Fundación Caja de Burgos) una orden de pago para que las entidades financieras procedieran al ingreso del aval depositado en su día por la empresa burgalesa. Ese escrito fue revisado por los habilitados nacionales del Consistorio capitalino y consensuado previamente con el edil socialista Julio César Arnaiz ya que en este asunto, al menos hasta la fecha, tanto el equipo de Gobierno como la oposición caminan de la mano «en defensa de los intereses de la ciudad».
Las sospechas de que la banca pudiera poner algún reparo al abono de esta cantidad, en virtud de una cláusula que se incluyó en el acuerdo de refinanciación firmado en 2016 que daba prioridad a las entidades financieras para cobrar las deudas del Consorcio, podrían estar confirmándose. Al menos en apariencia ya que la respuesta que ha recibido el ente del banco a través de la oficina técnica, en forma de correo electrónico, se resume en una comunicación en la que se viene a decir que no hay dinero en la cuenta para devolver la fianza al Grupo Leal.
La respuesta que se ha recibido no ha sentado bien en el Consorcio de Villalonquéjar ya que el ente cuenta con un fondo de reserva en el que, en este momento, hay prácticamente 3,4 millones de euros. Una cantidad más que suficiente para hacer frente a la devolución de la fianza de 1,1 millones al Grupo Leal.
Lo que parece adivinarse es la existencia de un conflicto de índole jurídico en cuanto a la disponibilidad del dinero que hay en este momento en el fondo de reserva.
Este lunes está prevista una reunión del consejo rector en la que se analizará esta situación y, de persistir las entidades financieras en su posición, no es descartable que el ente decida acudir a la vía judicial. Porque de alguna manera entienden que estarían 'intervenidos' por los bancos. Y no pueden estar más en desacuerdo con que el dinero que hay en el fondo de reserva esté retenido y reservado para el pago de la deuda y de los intereses.
Lo cierto es que este asunto ya levantó una notable tensión en el consejo rector que se celebró el pasado 8 de noviembre ya que entonces los representantes de la Fundación Caja de Burgos votaron en contra de que se devolviera la fianza a Leal con el dinero del Consorcio. Por ser precisos, todos menos Antonio de Santiago, que se abstuvo. Pretendían, en virtud del acuerdo de refinanciación de 2016 que el pago lo asumiera el Ayuntamiento. PP, PSOE y Vox no lo comparten.