El campo burgalés no atraviesa su mejor momento y así lo evidencia que en tan solo un año hay la mitad de personas trabajando en este sector. La Encuesta de Población Activa (EPA) confirma que la agricultura sostiene en la provincia 5.700 empleos frente a los 10.500 con los que se cerró el 2022. Una notable diferencia que refleja la dificultad para contratar gente ante la brusca caída de los beneficios, ya que todos los costes de producción se han disparado mientras las malas cosechas se han sucedido.
Una de las principales razones para que los contratos hayan descendido de forma tan significativa se encuentra en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), opina Esteban Martínez, presidente de Asaja. «Esa subida está haciendo polvo a los agricultores que tienen que coger a personas en un momento donde lo que producimos cada vez vale menos», expone. El margen de beneficios se ha reducido y eso tiene consecuencias. «No quiero decir con esto que a los trabajadores no se les tenga que subir el salario mínimo», aclara, pero ahora eso resulta imposible para este sector y por ello los titulares de las explotaciones se encargan de llegar a todo lo que pueden.
Las nuevas medidas del Gobierno relacionadas con el empleo parece que se han convertido en un verdadero obstáculo -otro más- para los dueños de explotaciones agrícolas y ganaderas, ya que otra de las razones que se expone es la temporalidad con la que se trabaja en este sector y las dificultades para hacer ahora contratos por un tiempo específico o en estaciones del año muy concretas. En momentos como los de la recogida del cereal o de la uva -ya que en las viñas se produce la mayor contratación temporal- se necesita más personal, algo que durante el resto del año no se puede mantener. «Las cifras no cuadran y los titulares optan por hacer lo que pueden ellos mismos, y donde no se llega pues se deja sin hacer», dice Martínez.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que a 31 de diciembre la agricultura aglutinaba a 5.700 burgaleses, la industria a 41.100, la construcción a 9.200 y los servicios a 103.500. En el caso del sector agrícola se obtiene uno de los peores registros históricos desde que hay datos -2008- a estas alturas y solo resultó peor al cerrar el 2014 (4.700) y el 2020 (5.300). En el segundo trimestre de 2022 se alcanzó el máximo, con 13.900 empleados, y desde entonces no ha parado de bajar.
Susana Pardo, presidenta de la UCCL, entiende que con los ingresos actuales «no da para pagar en condiciones» puesto que «la rentabilidad lo es todo y nuestros productos están en caída». Recuerda que llevan dos años muy duros, marcados por la sequía y una subida constante del coste de los insumos o del gasoil. Ante esa situación resulta impensable ampliar las plantillas. Y a eso se suma la dificultad para que haya nuevas incorporaciones debido a que «empezar de cero es imposible», manifiesta Pardo, mientras insiste en que las condiciones de la nueva PAC hacen «tambalear» al sector.
Trabas burocráticas. «La agricultura cada día está más complicada, no da para tener gente contratada y nos están poniendo más trabas burocráticas a la hora de contratar gente», expone Gabriel Delgado, secretario general de UPA. Están comprobando que en la actualidad «las explotaciones no son rentables» como para ampliar la plantilla y cree que muchos profesionales del sector están optando por trabajar menos tierras o por vender cabezas de ganado. A ello se une que no encuentran «mano de obra cualificada» y recuerda que se trata de un «trabajo muy sacrificado» al exigir muchas horas y largas jornadas en la época estival. Argumenta que están en «una época de renovación y digitalización», por lo que se requiere de trabajadores especializados en esta materia y cuesta mucho encontrarlos.
Desde Coag mencionan todas las «restricciones» que impone la nueva PAC y que eso «impide producir como se hacía hace años». Cristian Martínez, coordinador provincial, desarrolla que «ahora hay mucha burocracia y a eso se suma el cuaderno digital donde tienes que registrar todo, para lo que no está preparado todo el mundo». Le llama la atención el «tener que revelar tanta información en un negocio privado como este» y considera que todas esas medidas «abusivas» generan que cada haya menos beneficios. «La mayoría de productores se ven justitos para pagar las facturas de fitosanitarios, abonos, maquinaria, seguridad social...», dice, para justificar que el menor beneficio hace imposible destinar más dinero a contratar.