En un Senado dividido que difícilmente le condenará por su responsabilidad en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, el segundo juicio político contra Donald Trump dio comienzo ayer con un encendido debate entre demócratas y republicanos sobre la posible inconstitucionalidad de este proceso, que continuaba al cierre de esta edición. 

Una mayoría de expertos en la Carta Magna opinan que el proceso es legítimo incluso si ya no puede conllevar una destitución de Trump, porque evalúa hechos que se produjeron cuando él todavía era presidente.

«No hay una excepción de enero en la Constitución, que permita a los presidentes abusar de su poder en sus últimos días (de mandato) sin rendir cuentas», argumentaron los demócratas.

En una votación parecida a finales del pasado mes, tan solo cinco de los 50 senadores republicanos votaron a favor de la constitucionalidad del proceso, lo que augura una absolución como desenlace final del juicio ya que serían necesarios al menos 17 para condenar a Trump.

Una vez que el Senado decida que el proceso es constitucional, algo para lo que solo necesitará una mayoría simple -algo con lo que cuentan los demócratas-, el juicio político se retomará esta tarde, a las 18,00 horas españolas, cuando empezarán los argumentos de los fiscales y la defensa de Trump.

El impeachment se celebrará todos los días siguientes excepto el sábado, por petición de un abogado judío de Trump, y se retomará el domingo, con la perspectiva de terminar la próxima semana a no ser que se convoquen testigos.

Se prevé que el próximo miércoles se dé comienzo a los argumentos de apertura de los fiscales del juicio político -que son nueve legisladores demócratas de la Cámara Baja-, que harán su presentación durante un lapso de no más de 16 horas y en un máximo de dos sesiones. Para la defensa del exmandatario republicano, regirá la misma regla en cuanto a las horas y las sesiones.

El proceso contempla que se pueda votar para llamar testigos o presentar evidencia adicional, aunque ese escenario es ahora incierto, ya que alargaría un juicio que demócratas y republicanos quieren zanjar lo más rápido posible.

El proceso pasará a la Historia en dos sentidos: porque convertirá a Trump en el primer presidente que afronta dos juicios políticos -tras el celebrado hace un año por sus presiones a Ucrania-, y porque nunca antes se había sometido a un impeachment a un mandatario cuando ya no está en el poder.

Los abogados del exmandatario se han aferrado a ese último hecho y lo han convertido en el pilar principal de su defensa, al argumentar que es inconstitucional juzgar políticamente al expresidente cuando ya no está en la Casa Blanca.

«Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano privado en un proceso diseñado para expulsarle de un cargo que ya no ocupa», aseguró la defensa del magnate.

Apoyo a una condena

Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos es partidaria de que el Senado condene a Trump. Según una encuesta publicada horas antes del inicio del juicio político, el 56 por ciento de los estadounidenses quiere que el expresidente reciba una pena por «incitar a la insurrección» en el asalto al Capitolio.

En términos generales, un 44 por ciento de las personas entrevistadas está en contra de que Trump sea inhabilitado para presentarse en un futuro a la Presidencia de Estados Unidos. El dato se dispara al 83 por ciento si solo se tienen en cuenta a los seguidores del Partido Republicano y al 92 por ciento entre quienes reconocen que votaron por el magnate en noviembre.