La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, avanzó ayer que el Gobierno autonómico «valorará con suma prudencia» si continúa con la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), después de que algunas comunidades autónomas como Aragón hayan dado instrucciones para que no se implante en el próximo curso. «Hay un dilema planteado», dijo, al tiempo que reconoció que no existe todavía una «decisión tomada» en Castilla y León sobre la ley educativa.
Valdeón, que compareció al término de la primera reunión de consejeros tras su toma de posesión, señaló que la aplicación de la Lomce, la norma impulsada por el exministro José Ignacio Wert, es uno de los «temas pendientes» que tiene sobre la mesa el nuevo ejecutivo de Juan Vicente Herrera. Sobre esta cuestión, la portavoz explicó que el «mayor peso» le corresponderá al consejero de Educación, Fernando Rey, si bien señaló que cualquier decisión se adoptará «bajo la dirección del presidente».
En ese sentido, la vicepresidenta de la Junta sostuvo que Castilla y León «siempre ha sido y será leal con el Gobierno, con todo lo que sea bueno», pero también añadió que cuando exista una «discrepancia», por alguna razón, podría plantearse una posición diferente. «Lo hemos hecho en otras ocasiones», manifestó Rosa Valdeón, quien insistió en que la Junta de Castilla y León se encuentra trabajando sobre la aplicación de la Lomce, puesto que el curso escolar empieza «próximamente». «Hay que tomar decisiones», agregó, aunque todavía no hay nada.
Dudas. La portavoz del Gobierno autonómico señaló que Aragón ha anunciado en los últimos días, tras la toma de posesión de su nuevo gobierno presidido por un socialista, que no aplicará la Lomce y otras comunidades autónomas ya plantearon «dudas y discrepancias», incluso desde su aprobación en el Congreso de los Diputados, lo que calificó de «amenaza».
Por ello, Valdeón señaló que el Ejecutivo castellano y leonés estudiará qué se hace con «suma prudencia» y con celeridad, ya que es un asunto delicado que afecta a un gran número de familias, trabajadores y a toda la comunidad educativa.