Las Cámaras de Comercio españolas podrán gestionar fondos de la Unión Europea destinados a la mejora de la competitividad empresarial, gracias a una enmienda transaccional acordada entre PP y PSOE al proyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación durante su tramitación en la Comisión de Economía del Congreso.
La modificación, que ayer contó con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, supone adjudicar una nueva función de carácter público-administrativo a las Cámaras de Comercio para que, si la autoridad europea correspondiente lo considera, éstas puedan colaborar en la gestión de fondos comunitarios dirigidos a la mejora de la competitividad en las empresas españolas.
«Las Cámaras han demostrado estos años que han sido muy eficaces gestores en trasladar los fondos de la UE a la capilaridad de las empresas españolas», recordó el popular Celso Delgado, justificando así la inclusión de esta enmienda a propuesta del PSOE.
colaboración regional. Para garantizar una buena coordinación con las organizaciones empresariales, se podrán firmar convenios u otros instrumentos de colaboración, e incluso se abre la puerta a la posible financiación con fondos públicos de los planes camerales de Internacionalización y de Competitividad, en cuya redacción participará no solo el Ministerio de Economía sino también las comunidades autónomas para coordinar las acciones previstas por una y otra administración, y siempre con «pleno respeto» a las competencias regionales.
En esta misma línea, las Cámaras podrán actuar como ventanillas únicas empresariales a petición de los gobiernos autonómicos, pero ya no tendrán la función de promover la unidad de mercado. Sí podrán proponer a las administraciones reformas o medidas para fomentar el comercio, la industria, los servicios o la navegación; así como colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes para el incremento de la competitividad.
Asimismo, deberán apoyar o asesorar a las administraciones en la creación de nuevas firmas aunque la forma y extensión de estas nuevas funciones deberán ser determinadas por las comunidades, que también tendrán que determinar los mecanismos de control, sin perjuicio de que se encargue al Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de los fondos públicos que reciba la Cámara.
El PP también pactó algunas modificaciones que afectan a la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras, así como al sistema de elecciones, que deberán ser convocadas con el acuerdo entre las regiones y el Ministerio.