La polémica en torno a un nuevo concierto fiscal en Cataluña -cuestión que ha favorecido la investidura del socialista Salvador Illa al frente de la Generalitat- está constituyendo el enésimo terremoto político relacionado con esta región y con el PSOE en el punto de mira incluso de muchos de sus líderes, como el caso de Luis Tudanca, secretario general en Castilla y León del partido del puño y la rosa. «No vamos a defender ninguna quiebra del régimen común de la financiación autonómica»; «No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro»; «No vamos a tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses de Castilla y León. Nunca», son algunas de las palabras del líder autonómico de los socialistas castellanoleoneses.
Este periódico ha pulsado la controvertida cuestión entre históricos políticos socialistas burgaleses: no existe unanimidad. Sí está en la línea de Luis Tudanca Juan José Laborda; el expresidente del Senado -entre otros muchos cargos de responsabilidad durante varias legislaturas- y actual miembro del Consejo de Estado es claro al respecto: «Es injusto y aberrante», resume. Y se explica: «He participado activamente en lo que fue la construcción del estado democrático español. Y en ese sentido, no es ninguna sorpresa que lo que se ha pergeñado para lograr la investidura de Illa es injusto desde el punto de vista de las personas y de la Constitución».
Entiende Laborda que hay una cuestión que debe recordarse y que remite al año 1986. En ese momento, Txiki Benegas, líder del PSOE vasco, negociaba su investidura como lehendakari con Carlos Garaicoechea, de Euzkadiko Ezkerra, y esta formación «exigía la transferencia de la Seguridad Social. Y Benegas tuvo que renunciar a ser lehendakari; lo fue Ardanza, del PNV, al que había ganado por dos escaños», evoca.
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Desdramatiza el asunto Octavio Granado, quien fuera en dos ocasiones secretario de Estado de la Seguridad Social, amén de diputado y senador. «Se habla de trabajar sobre la base de un consorcio; y ese consorcio ya está en el Estatuto de Cataluña. Lo estaba en el primero, que fue visado por el Tribunal Constitucional y no fue objeto de recurso. Así, no parece que deba existir problema en que exista una institución así; desde luego no de inconstitucionalidad o ilegalidad. Hay otros precedentes en el Derecho español, como en Canarias», explica.
En cuanto a la cuestión del traspase de mayores impuestos, «lo que ha sido la historia de la financiación autonómica es la historia de convertir transferencias en impuestos, es decir, los primeros impuestos en ser cedidos fueron los impuestos especiales en porcentajes hasta el cien por cien; con Felipe González se transfirió el 15 por ciento del impuesto sobre la renta; Aznar lo incrementó hasta el 30 por ciento... Es verdad que hemos generado una cultura negativa en el sentido de que todo este tipo de cesiones de impuestos siempre se han vinculado a momentos de relevancia de política nacional o catalana (una investidura), lo cual no es lo mejor. Creo que las decisiones en materia de Hacienda han de tomarse por motivos hacendísticos y no políticos».
Está, apunta Granado, la cuestión de si ese consorcio tiene que gestionar todos los impuestos compartidos entre la Cataluña y el Estado español. «Yo no veo problema en cuanto al IRPF o al IVA, porque ya están participados; la única duda que tengo es el Impuesto de Sociedades, que lo cobran los vascos con la misma normativa estatal. Ahí habría un problema (hecho que no cabe deducir de la letra de lo escrito en el acuerdo, porque no lo dice), y es si la determinación de los gastos que hace Cataluña se va a hacer con el mismo procedimiento que el resto de las Comunidades Autónomas o no. Si se hace igual, en principio daría igual. El principio de igualdad puede romperse porque el acuerdo es lo suficientemente inconcreto como para abrir dudas, pero no está dicho que vaya a romperse.Lo que rompería frontalmente el principio de igualdad es que los gastos que tiene Cataluña se calcularan con otros criterios diferentes a cómo se calculan en Castilla y León».
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José María Jiménez, quien fuera secretario provincial del PSOE durante doce años, es profundamente crítico con esa probable nueva Hacienda catalana. «Me parece una barbaridad. Tan es así, que tengo dudas de que se pueda llegar a aplicar. No parece que desde el punto de vista constitucional o de la actual Ley de Financiación, tenga cabida lo que se pretende hacer en Cataluña». Más allá de ello, para Jiménez es aberrante desde el punto de vista político. «Que un partido de izquierdas llegue a un acuerdo de este tipo es totalmente incomprensible. El PSOE nunca ha defendido el modelo que está defendiendo ahora, que es contrario a sus principios más básicos. Y por eso, cualquier persona que se considere de izquierdas o que se considere socialista debe tener dudas si no un total rechazo a lo que se está planteando», apunta.
Para el exconcejal y exdiputado burgalés, se está proponiendo una fórmula «por la cual los contribuyentes catalanes solamente van a contribuir para Cataluña; ese dinero no va a servir para ayudar a las comunidades o a las zonas menos ricas del país. Y esto, desde luego, rompe el principio de solidaridad que siempre ha defendido el PSOE.La propuesta me parece una aberración política, y creo que cualquier militante debería reflexionar sobre si este es el camino o sobre si el fin justifica los medios.Si para que gobierne Illa hay que hacer políticas totalmente insolidarias, no sé hasta qué punto tiene sentido llegar a un acuerdo de este tipo, la verdad».
(Más información sobre este tema, en la edición impresa de este domingo de Diario de Burgos)