La pandemia que a todos los efectos se inició en la segunda semana del mes de marzo de 2020 va a pasar a la historia por muchas razones. Pero hay una que destaca sobre las demás y es cómo se cebó la enfermedad provocada por el coronavirus con las personas mayores. Varios miles de ellas han fallecido en la comunidad autónoma y en la provincia desde entonces y muchas en las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, donde desde el primer momento se puso el foco por el desconocimiento de las características de la enfermedad, por la falta de espacio para separar a unos mayores de otros y por la escasez de recursos tanto materiales como personales. En esta entrevista la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, analiza lo ocurrido sin autocrítica, comparando los datos de Castilla y León con los de otras comunidades y recordando que el número de fallecidos hay que ponerlo en contexto: «Se focaliza mucho en las residencias pero también se han producido muchas muertes en los hospitales y en los domicilios», afirma. Por otro lado, se muestra muy dura con los gestores de Aspanias, entidad que atraviesa una gravísima crisis y a la que la propia Consejería ha abierto hasta ocho expedientes.   

Castilla y León ocupa el tercer lugar en número de personas fallecidas por covid-19 en las residencias de ancianos, detrás de Madrid y Cataluña, según los datos que ha facilitado el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo explica qué ha ocurrido?
Nosotros llevábamos mucho tiempo reclamando que el Ministerio diera esos datos y hay que leerlos en toda su amplitud. Para empezar, no todas las comunidades han dado los datos ni los han dado completos: Madrid solo los ha dado desde febrero para aquí; Castilla-La Mancha no ha dado los de la segunda ola ni Aragón los de la tercera. Nosotros los hemos dado todos, los que salen publicados en el documento del Ministerio son los que llevamos dando todos los días desde marzo y esto es lo que hemos denunciado siempre, que desde aquí se facilitaban todos los datos y el Ministerio no los hizo públicos nunca. ¿Por qué? Porque había comunidades que no los daban. El dato de Madrid es curioso: Acumulados contagiados tiene 1.425 y fallecidos 1.488... ¿Hay más fallecidos que contagiados?

Entonces niega la mayor y afirma que este tercer lugar en el ranking de la mortalidad en geriátricos no es real.
No es real porque no están todos los datos de todas las comunidades. Y luego hay que ver el porcentaje porque no es lo mismo 3.000 fallecidos en 3.000 residentes que 3.000 fallecidos en 40.000 residentes.

¿Cuáles son, pues, los verdaderos datos de mortalidad en residencias en Castilla y León?

Los datos que publica el Ministerio: 41.321 residentes, 2.936 fallecidos con covid confirmado y 1.105 con síntomas compatibles, cifras que son del viernes pasado (se refiere al 26 de febrero) y que tendrán en esta semana alguna variación, que será muy poca y se puede ver en la página web. Si se mira el porcentaje sobre el número total de residentes se ven cosas muy curiosas: Andalucía, que en la primera ola casi no tuvo casos, tiene un 8,5% de fallecidos, 2.130 en 25.000 residentes. Nosotros tenemos un 9,7% y Castilla-La Mancha, sin dar datos de la segunda ola, tiene un 10,65%, Cataluña, un 11% y Madrid, un 14%. Es real el número absoluto de nuestra comunidad porque nosotros los hemos dado todos y por eso no son comparables con las demás.

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Hablando de centros de discapacidad, como sabe hay mucha inquietud en Burgos sobre el futuro de Aspanias, una entidad de auténtica referencia. ¿Qué le parece que desestimara la puesta en marcha de un plan de rescate de Plena Inclusión que contaba con el visto bueno de su Consejería?
Desde esta Consejería no se entienden muchas cosas de Aspanias. Hemos estado trabajando enormemente con ellos todo el año pasado y somos conocedores de su situación económica porque nos la han trasladado ellos mismos. La Consejería de Familia le ha pagado en el 2020, 7.050.000 euros por las plazas concertadas -y me refiero a la Fundación Aspanias, que es lo que nos compete a nosotros, reciben más dinero de otras consejerías- y se ha incrementado, además, el precio de los conciertos a partir de agosto. En una de las reuniones les recordamos que pidieran las subvenciones de los EPI que sacamos en verano -que no la habían solicitado a finales de octubre- que son alrededor de 40.000 y durante la primera ola, sin ser la más afectada, ya se les había dado 58.000 equipos. A mayores, Iberaval les da un aval en el entorno del millón de euros y ante este escenario de inyección económica queda claro que hay un problema de gestión de la entidad, no descubro nada. Así que decimos adelante al plan que había propuesto Plena Inclusión. Y ni siquiera nos dieron una respuesta.

¿Y qué opinión le merece que ni les respondieran?
Que una entidad que gestiona mal no puede tener de rehenes a las familias y a los trabajadores. Esta es la realidad. Que una entidad que ha tenido la inyección económica de Aspanias y a la que se le ha tratado bien desde la Junta -que ha apostado por ella desde el principio- no puede tener esta actitud.

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(La entrevista completa, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)