El próximo 31 de diciembre vence el convenio especial de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la orden de San Juan de Dios mediante el que el HUBU puede derivar a 6.990 personas al año al hospital privado de la Isla y, como ya sucedió en otras ocasiones, la relación entre las partes vuelve a ser tensa. Pero ahora, en cambio, la causa de las tiranteces es distinta: la congregación religiosa reclama a la dirección general de Asistencia Sanitaria 5,9 millones por toda la actividad realizada en Burgos en 2023. Un importe que no solo no han percibido todavía, sino que tampoco se quiere abonar íntegro. 

Según ha podido saber este periódico, la Consejería introduce una merma de 377.000 euros por unas razones tildadas de «inaceptables» por la congregación, que ya ha solicitado una reunión con los responsables de la Consejería y de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) para tratar de reconducir la situación. A la vez, ha puesto el asunto en manos de un despacho de abogados para reclamar por la vía administrativa y, llegado el caso, en el juzgado, porque también hay desacuerdos con respecto a los pagos por la actividad en el hospital de León y la deuda global en la Comunidad ronda los 19 millones.

La Orden informó ayer de la situación a los comités de empresa de sendos centros sanitarios, pero garantizó el pago de los salarios de trabajadores y proveedores. Y en Burgos se recalcó que el proyecto para transformar y ampliar el hospital sigue adelante, porque es «apuesta estratégica». De hecho, está pendiente de la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento para arrancar.

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