El amianto, un material que fue muy utilizado durante décadas en el sector de la construcción debido a sus propiedades aislantes y por su bajo precio, se prohibió en España en el año 2002 tras haberse confirmado que su presencia tenía relación directa con la aparición de enfermedades como la fibrosis pulmonar o el cáncer. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular aprobada en 2022 obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de los inmuebles municipales que contienen este material, incluyendo un calendario que planifique su retirada.

El sindicato CCOO y el comité de empresa del Ayuntamiento de la capital decidieron acudir a la Inspección de Trabajo para denunciar la situación del edificio de la carretera de Poza número 98, que alberga la sede de la Brigada de Obras y de las cocheras de autobuses, al constatar que el tejado de este material presentaba varios agujeros y podría representar un riesgo para los trabajadores. Les dieron la razón y ahora el equipo de Gobierno ha redactado el proyecto para proceder a sustituir la cubierta. 

La actuación tendrá un coste de 263.200 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo. El área de Patrimonio Municipal se encuentra en estos momentos elaborando el pliego de condiciones que regirá el concurso y desde la Concejalía de Personal se espera sacar el concurso «lo antes posible» y adjudicar los trabajos este año. En el informe de la Inspección se daban seis meses para proceder a la reparación. 

El anterior equipo de Gobierno encargó un proyecto para la retirada de las naves de los Almacenes Municipales, ubicados en el polígono de Villalonquéjar, que concluyó que tendría un coste de 1.082.200 euros. Ahora esta actuación también se sacará a concurso. 

El Ayuntamiento ha retirado el amianto de las instalaciones de la perrera y se sabe que también existe en uno de los edificios que hay junto al Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) y que en la actualidad se utiliza como almacén y como espacio para realizar cursos de formación para aprendices en albañilería y otros oficios. 

La normativa que rige la retirada de este material establece que en las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo debe realizarse antes del año 2028.