Esta es la historia de otro conflicto entre provincias vecinas y comunidades autónomas limítrofes. Una prueba más de que la España fragmentada trae consecuencias tragicómicas para sus administrados. Pero contra lo que suele ser habitual, esta vez Burgos y Castilla y León no han sido las perjudicadas.

La víctima de la descoordinación y la irracionalidad en el uso de los recursos públicos es esta vez la Comunidad Autónoma de Cantabria, quien hace 12 años empleó más de 1,5 millones de euros (según han publicado varios medios de aquella región) en construir un aeródromo que en realidad nunca ha funcionado como debiera.

La infraestructura se sitúa justo en límite entre los términos municipales de Valderredible (Cantabria) y Sargentes de la Lora (Burgos). Tan en la raya está que el extremo oriental de la pista coincide justamente con la frontera, y allí el gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla estrenó una flamante franja de asfalto que, en principio, debía usarse fundamentalmente para la prevención y extinción de incendios.

El final de las obras llegó en 2008, pero para entonces ya tenía los permisos concedidos un parque de molinos eólicos de considerable tamaño que se ubica a escasos metros, en la zona burgalesa. El alcalde de Sargentes de la Lora, Carlos Gallo, explica que cuando terminó de construirse el aeropuerto las aspas no estaban aún levantadas, pero ya habían superado la tramitación y eso impidió que el aeropuerto recibiera los permisos necesarios de Aviación Civil, puesto que los molinos forman literalmente un pasillo en paralelo con la pista y esto implica un riesgo enorme para las maniobras de aterrizaje y despegue.

Desde entonces, el humilde aeropuerto está muerto de risa. Se construyó también un helipuerto que debería tener menos problemas por las facilidades de maniobra de este tipo de aparatos, pero lo cierto es que su uso ha sido nulo o como mínimo residual, según las fuentes consultadas.

De vez en cuando la prensa cántabra recoge las reclamaciones del alcalde de Valderredible proponiendo usos alternativos como pudiera ser el vuelo experimental de drones, pero en general el caso es bastante desconocido a uno y otro lado de la cordillera. De nuevo es Carlos Gallo quien explica que, por parte de Sargentes, el conflicto no tiene más vueltas porque el parque eólico ha demostrado estar en suelo burgalés y tener los permisos antes que el aeródromo. La única solución podría ser indemnizar a la empresa eléctrica que los gestiona, pero la operación según estima el alcalde sería tan cara o más que lo que le costó la infraestructura al Gobierno de Cantabria.