Después de conocerse el contenido del comunicado que las exclarisas de Belorado hacían público esta tarde, el Arzobispado ha emitido otro de respuesta en el que sale al paso de algunas de las afirmaciones vertidas por las religiosas excomulgadas. Monseñor Mario Iceta, comisario pontificio y representante legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, junto a la comisión gestora, recuerda a las exclarisas que el monasterio ya tiene naturaleza civil, al tener personalidad jurídica canónica en virtud de los acuerdos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español. 

En el comunicado se reitera que el monasterio es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, siendo por tanto un bien de titularidad eclesiástica. Desde el momento en que estas personas han incurrido en excomunión, ya no forman parte de dicha comunidad y, en consecuencia, dejan de ser legítimas poseedoras del inmueble, sin título legal alguno para habitar ni permanecer en él. Sí lo poseen las ocho religiosas que siguen perteneciendo a la comunidad de Clarisas. Por lo tanto, asegura el texto,  no se ajusta a la verdad la afirmación de que se les «pretende echar hasta las puertas de la calle», como si fuera una decisión arbitraria. No es nuestra intención causar ningún perjuicio. Las exreligiosas son merecedoras de nuestro respeto y consideración. Pero, en realidad, son ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión «libre y personal», hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada.

Respecto a lo manifestado acerca de la intervención de las cuentas corrientes, desde el Arzobispado se recuerda que, al haber sido nombrado un comisario pontificio, le corresponde a él la administración de los bienes y también, por tanto, la supervisión de las cuentas bancarias. Así lo han reconocido todas las entidades bancarias a las cuales se ha dirigido la Comisión Gestora, aportando la documentación que acredita al Comisario Pontificio como Representante Legal de las entidades religiosas en cuestión. Como ya es conocido, el pasado 6 de junio, tres miembros de la Comisión Gestora se personaron en el Monasterio de Belorado para establecer un cauce de interlocución económica a través de la secretaria y ecónoma de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. En ningún momento se ha facilitado esta labor por parte de las exreligiosas, teniendo incluso que requerirse en dos ocasiones más dicha información. Hasta la fecha, esta documentación aún no ha sido entregada, dificultando así la correcta administración de los Monasterios.

El comunicado afirma por otro lado, que la Comisión Gestora jamás ha expresado ninguna amenaza al recurso a la fuerza pública ni a ningún tipo de coacción. Nuestra actitud ha sido, es y seguirá siendo de respeto y consideración hacia las exreligiosas. Esto no es óbice para que se haya comunicado que, de no procederse a una salida voluntaria por parte de las exreligiosas, se iniciarán las acciones legales a las que haya lugar. En referencia al respeto y consideración, es preciso recordar que han sido las exreligiosas quienes recurrieron a la fuerza pública, cuando requirieron la intervención de la Guardia Civil para proceder a la expulsión del Monasterio de los miembros de la Comisión Gestora. Asimismo, denunciaron ante la Policía Nacional, y después ratificaron ante los Juzgados de Burgos, al mismo Comisario Pontificio.

Tanto el comisario pontificio como la Comisión Gestora celebran que la exclarisas reconozcan la autoridad de los tribunales de Justicia porque efectivamente a ellos corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. Lo que no se llega a comprender es que en el citado comunicado se haga referencia a «dar una resolución extrajudicial al conflicto». No puede entenderse como un conflicto la actuación del Comisario Pontificio y representante legal nombrado por la Santa Sede, en aras a preservar la integridad de la persona jurídica de los Monasterios, de quienes legítimamente habitan en ellos y de los bienes monásticos. Por eso no tiene sentido la interlocución con «comisión profesionalizada» alguna; únicamente el cumplimiento de la legalidad vigente.

El comunicado del Arzobispado termina mostrando su preocupación por las hermanas mayores y, de modo particular, por su atención espiritual. El hecho de que las diez exreligiosas permanezcan fuera de la Iglesia católica dificulta el acompañamiento de las hermanas mayores que, aún con sus limitaciones, siguen siendo monjas católicas de clausura y conforman la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado.