Las últimas informaciones del Gobierno y de Enresa situaban el comienzo de la primera fase del desmantelamiento de Santa María de Garoña en el primer trimestre de 2023, pero a las puertas de febrero es ya imposible. Cuando en mayo de 2020 Enresa formalizó la solicitud de autorización del desmantelamiento vaticinaba el comienzo en 2022. Pero en una respuesta de hace unos días a los senadores del PP, Javier Lacalle y Cristina Ayala, el Gobierno fija ya en el «primer semestre» el arranque de la primera fase, cuya duración será de tres años y a la que seguirá una segunda de otros 7 años más.
Para que el Gobierno pueda responder a la solicitud realizada hace dos años y medio por Enresa, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente habrá de emitir antes el informe sobre la declaración de impacto ambiental de los tres primeros años del desmantelamiento, y el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear deberá dar el visto bueno a las tareas que se ejecutarán. Con todo ello, el Ministerio para la Transición Ecológica autorizará el desmantelamiento y la transferencia de las instalaciones propiedad de Nuclenor a Enresa.
Mientras tanto, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos avanza en la contratación de todos los servicios que serán precisos en el primer periodo, desde los administrativos hasta los de gestión de materiales radiactivos, protección radiológica, extinción de incendios, vigilancia y seguridad física o limpieza, entre otros. En total, ya ha iniciado el proceso de contratación y, en muchos casos, está a punto de cerrarse la adjudicación, de servicios por valor de unos 50 millones de euros. Los procesos contratación están siendo muy largos y, en algunos casos, como en el del servicio de bomberos y protección contra incendios, Enresa ya tiene todos los sobres abiertos de las empresas desde el 29 de septiembre, pero aún no ha emitido el informe para la adjudicación. En otros muchos casos, los últimos sobres se han abierto el pasado día 23 y se está a la espera de la adjudicación. Solo un contrato, el de comunicación, ha sido adjudicado a Eulen por 400.559 euros.
En la respuesta del Gobierno al PP indica que en esta primera etapa de tres años se contratarán servicios, obras y suministros por un importe aproximado de 90 millones y se alcanzará un pico de 300 trabajadores en la planta. Pero de ellos, 70 pertenecerán a Nuclenor y serán profesionales que ya están en activo en la central, y 30 estarán en la nómina de Enresa, mientras que los 200 restantes dependerán de empresas subcontratadas, como ha confirmado Enresa.
En la segunda fase, de siete años de duración y para la que ni tan siquiera se ha solicitado aún autorización, el número de trabajadores alcanzará un pico de 350 y el mínimo se situará en 270. Así pues, en ningún caso la tarea de desmantelar Garoña sustituirá los 700 empleos directos que generó hasta la parada de su reactor en 2012.
En los primeros tres años se realizará la carga del combustible gastado en contenedores que se depositarán en el Almacén Temporal Individualizado (ATI), ya habilitado en la planta. Asimismo, el Gobierno informa que «se realizará la remodelación del edificio de turbinas», que se convertirá en un espacio auxiliar desde el que dirigir la segunda fase del desmantelamiento. En este último ya se están realizando tareas preparatorias, como la retirada del amianto y el material calorífugo. Ya en la segunda fase se desmontarán todos los sistemas de la central, entre los que destacan la vasija del reactor y otros elementos del circuito primario, así como la descontaminación y demolición de todos los edificios.