Los últimos movimientos de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) para solicitar la autorización de la fase 1 del proceso de desmantelamiento de Garoña ha puesto en alerta a FAE, inmersa en su proyecto de que el final de la central nuclear se acometa con el mayor número posible de empresas y de mano de obra burgalesa, principalmente del entorno de la instalación. A día de hoy, la patronal reconoce desconocer el número aproximado de firmas y personas no especializadas en el ámbito nuclear que podrán tener encaje en este desmontaje, para el que se contempla un presupuesto de más de 600 millones de euros durante un periodo de diez años y cuyo arranque se prevé en 2022.

La falta de información sobre los pormenores del proyecto contrasta con el clima de buen entendimiento con el que comenzaron los contactos con Enresa hace un año. En marzo de 2019, una delegación de FAE, encabezada por Miguel Ángel Benavente, se reunía con el presidente de la empresa pública, José Luis Navarro, para presentarle un plan de participación local en las obras de desmantelamiento.

Básicamente, la patronal entendía que eliminar Garoña y recuperar al máximo posible el entorno natural en el que ha estado operando durante cuatro décadas requiere un abanico de más de 300 tipos de trabajos diferenciados y todos aquellos que no tocan lo que es el residuo nuclear son susceptibles de realizarse por empresas que estén debidamente homologadas, desde ingenierías, consultorías medioambientales y de prevención de riesgos, empresas de obra civil, de mantenimiento, transportistas, entre muchas otras actividades.

La propuesta de los empresarios, relata la secretaria general de FAE, Emiliana Molero, fue recibida favorablemente por Enresa, sobre todo por el hecho que de entes como la confederación empresarial y los agentes del área de influencia de la central aglutinasen todas las iniciativas en este sentido.

Las relaciones, reconoce Molero, han sido fluidas hasta la irrupción de la crisis del coronavirus, que ha cambiado las prioridades temporalmente.

Desde la cita en Madrid y a la espera de conocer el plan de desmantelamiento definitivo, los esfuerzos de la patronal se han centrado en alentar a las pymes locales a que se formen y preparen para cumplir los requisitos para participar en los concursos públicos que convoque Enresa en los próximos años. En este sentido, deben darse de alta en el Registro de Licitadores del Estado y en la plataforma de contratación, entre otras obligaciones.

Lógicamente, respetando lo que determina la Ley de Contratos del Sector Público y la libre concurrencia de ofertas, FAE entiende que Enresa tiene que ser sensible a la participación de empresas locales con plantillas del entorno. «Muchas de ellas son compañías que han trabajado como subcontratas para Garoña y que conocen sobradamente el funcionamiento y los procedimientos que rigen en la central».

FAE está a la espera de conocer los pormenores del proyecto de desmantelamiento, actualmente en fase de elaboración y que se adjudicó hace un año a una UTE integrada por Westinghouse Electric Spain, Idom y Naturgy. El diseño del proyecto fue presupuestado en 10,4 millones de euros.

Tras la aprobación del mismo, el compromiso de Enresa es que se lo presente al tejido empresarial en un encuentro previsto en el Valle de Tobalina, explica Molero, cita que ahora queda a expensas no solo de tener el proyecto sino de la situación generada por la pandemia. El empresariado se muestra preocupado ante el riesgo que Garoña genere el mismo declive y decadencia que han provocados cierres como los de Zorita, en Guadalajara. También ha sido muy crítico con las sucesivas promesas electorales de revitalización de la zona que han quedado en el olvido en los últimos años.

600 millones. Los trabajos de desmantelamiento -que, de hecho, ta están en marcha en una fase prelimar de la mano de Nuclenor y Enresa-, comenzarán en firme en 2022 según las últimas previsiones, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica otorgue la autorización correspondiente y cuenten con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear.

Se abrirá entonces un horizonte de empleo y actividad intensos en el Valle de Tobalina hasta 2032, periodo clave para que el entorno de la central se adapte a una nueva realidad económica sin la compañía de la energía nuclear.

Han pasado 8 años y medio del parón definitivo del reactor, a los que hay que sumar los casi tres años en los que la planta estuvo en situación de cese definitivo de actividad. En diciembre de 2012, cuando se detuvo para siempre el reactor y la generación de energía, en Garoña trabajaban 800 personas, 300 de ellas en la empresa propietaria, Nuclenor, y el resto en diferentes subcontratas.

Desde entonces se han perdido cerca de 500 empleos, principalmente de trabajadores residentes en Trespaderne, Medina de Pomar y Miranda de Ebro.

Los trabajos en la planta del Valle de Tobalina se desarrollarán, básicamente en tres fases: de desmantelamiento inicial (ya en marcha), las demoliciones y la recuperación de los terrenos.

Antes de comenzar los trabajos deberán retirarse del edificio del reactor los 2.505 elementos combustibles que contiene, todos ellos residuos de alta actividad que quedarán almacenados en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) ubicado en los aledaños del reactor. Allí se instalarán los 44 contenedores cuyo llenado comenzará, según las últimas previsiones, a lo largo del próximo año.