Durante la pandemia el Ayuntamiento de Burgos autorizó la instalación de terrazas de hostelería en plazas de aparcamiento con el objetivo de mitigar las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para frenar la propagación del virus, primero con el cierre de los interiores y luego con las limitaciones de aforo. Sin embargo, han permanecido desde entonces formando parte del paisaje urbano, a pesar de que la nueva ordenanza cambió las reglas de juego y endureció los requisitos, exigiendo un informe favorable de tráfico o limitando su colocación a los meses de mayo a septiembre.
A partir de esta semana comienza la cuenta atrás para su desmantelamiento y, si los dueños de los establecimientos no lo hacen de manera voluntaria, será la empresa encargada de la recogida de residuos y limpieza viaria, Urbaser, la que proceda a su desmantelamiento. Al menos esto es lo que ayer se dijo en la Comisión de Licencias a preguntas de la concejala del PSOE Dolores Ovejero.
Ya se ha conseguido notificar a las 70 terrazas afectadas que se ha rechazado la renovación de su licencia, tras responder a las alegaciones y recursos y ayer mismo se trasladó a la Policía Local la relación y ubicación de las instalaciones afectadas para que pueda llevar a cabo la labor inspectora. «El concejal de Servicios, José Antonio López, nos ha garantizado que para la próxima comisión, que se celebra el tercer viernes de este mes, estarán retiradas», indicó la edil socialista.
Cabe recordar que las notificaciones a los propietarios en las que se rechazaba la autorización para seguir ocupando la calzada y tenían que desmantelar las instalaciones se empezaron a remitir desde el 22 de mayo, pero el procedimiento administrativo permite alegar y el Ayuntamiento está obligado a responder y hay unos plazos para ello. De hecho, desde la Federación de Empresarios de Hostelería ayudaron a algunos de sus asociados a realizar las alegaciones, pero poco se puede hacer ante un informe negativo del área de Tráfico por la «escasez de plazas de estacionamiento» en las zonas en las que están ubicadas.
Además, el equipo de Gobierno decidió no ejecutar ninguna orden de desmantelamiento hasta que no se notificara a todos los afectados para «no crear agravios comparativos». La tardanza en este procedimiento ha hecho que los hosteleros afectados lograran 'salvar' las fiestas de San Pedro, en las que se produce una gran afluencia de clientes, y también el verano (...).
(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles o aquí)