El Gobierno libra desde hace tiempo una batalla contra los planes de pensiones individuales que, a dos años vista, parece que empieza a ganar. En 2021 el Ejecutivo redujo de 8.000 a 2.000 euros el tope de aportación con desgravación, medida que al año siguiente se replicó hasta los 1.500. Con esta decisión, Moncloa trata de desincentivar este tipo de productos, que actualmente suman en la provincia de Burgos 973,5 millones, y fomentar el ahorro mediante los planes de empleo, un modelo ciertamente similar pero articulados a través de las empresas.

«La caída de la aportación ha sido traumática», reconoce el burgalés José Luis Manrique, director de Estudios del Observatorio Inverco. Esta asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensión ya pronosticó hace un par de años el auténtico terremoto que se avecinaba una vez el Gobierno dio a conocer sus planes. Y así ha sido. De los 1.041 millones de patrimonio que atesoraban los burgaleses en planes de pensiones en 2021 se ha pasado a 973,5 doce meses después. «Calculamos que en tres años vamos a perder aproximadamente 7.000 millones de ahorro a largo plazo en España por la 'broma' de topar el límite», lamenta Manrique. La menor aportación se ha trasladado también al número de cuentas de partícipes abiertas en la provincia: de las 70.693 que Inverco notificó en 2021 se ha pasado a 70.607, casi un centenar menos.

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