La organización agraria COAG ha saltado por los aires después de que la directiva regional haya expulsado a la mitad de la ejecutiva provincial. «No querían que nos manifestáramos y ahora han apartado a cuatro personas para poner a dedo a gente de su confianza», explica Cristian Martínez, que hasta el pasado mes de marzo fue el presidente del sindicato y que -aunque dejó el cargo- seguía formando parte de la junta directiva. Anuncia acciones legales contra esa decisión y asegura que esto lo deben decidir los afiliados de Burgos. Mientras, desde Castilla y León consideran que han incumplido los estatutos.
Según expone Martínez, en el mes de octubre les informaron de que se había solicitado la intervención de la Comisión de Garantías Estatutarias para determinar si las actuaciones de algunos responsables provinciales suponían una infracción y por ello se pedían actas, informes y otras publicaciones del 1 de enero al 30 de junio de 2024. Entre los hechos que se mencionaban se encuentran la convocatoria de la concentración y cierre del puerto de Santander (13 de febrero), la concentración y cierre de la frontera entre España e Irún (3 de junio) y la realización de comentarios públicos sobre los dirigentes de COAG Castilla y León. «La gota que colmó el vaso fue el anuncio de convocar protestas para este mes de febrero en Burgos. No se va a hacer finalmente y queremos que los afiliados sepan que esta es la razón», asegura.
El presidente provincial actual, Diego Saldaña, que tomó posesión en marzo de 2024, seguirá al frente de la organización agraria.
Lorenzo Rivera, coordinador regional, afirma que hay plena confianza en Saldaña y por ello seguirá en su cargo. «Tiene todo nuestro apoyo y es la voz autorizada en la provincia de Burgos», dice. Sobre las expulsiones de cuatro miembros de la junta directiva menciona que «los estatutos hay que cumplirlos» y que se los han saltado «varias veces». Además, añade que no se trata de una cuestión de asistir o no a las manifestaciones y que más bien es por no comunicar las actuaciones por los «debidos cauces» y por hacerlo «sin el consentimiento de una organización que tiene un orden jerárquico (...)».
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