Vuelta a empezar. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha tenido que anular la licitación de los proyectos de dos tramos de la autovía A-11, entre las provincias de Burgos y Valladolid, por un error cometido por los técnicos de la Dirección General de Carreteras en la redacción del pliego. La resolución de desistimiento del procedimiento de adjudicación llega 4 meses después de que se iniciara la contratación y cuando ya se tenían que estar valorando las ofertas técnicas y económicas de las empresas, lo que supondrá un retraso considerable para unos documentos que estaban redactados en 2015 y que, obviamente, tienen que actualizarse antes de poder sacar a concurso las obras, lo que no ocurrirá antes de 2029 si se mantienen las condiciones actuales.
Los dos tramos afectados por esta equivocación discurren a lo largo de 40 kilómetros entre las localidades de Castrillo de la Vega y Quintanilla de Arriba y se estima que serán necesarios unos 400 millones para la construcción de la autovía. Solo actualizar la documentación técnica redactada hace una década costará 3,26 millones en la parte burgalesa y 6,5 millones en la vallisoletana (IVA incluido), el importe de licitación de los expedientes ahora anulados.
Esos dos procedimientos llevaban plazos prácticamente parejos. A mediados de marzo se informó del aplazamiento del proceso de apertura de las ofertas por motivos «administrativos», sin dar más explicaciones. Ahora se ha publicado que fue hace un mes cuando detectaron que la redacción de una cláusula de los pliegos «tiene un efecto discriminatorio» para las UTE «frente a las empresas que se presentan individualmente», por lo que se debe aprobar un nuevo pliego «que corrija esta situación», detalla la resolución, idéntica para los dos expedientes. También se debe comunicar la incidencia a los licitadores y la Comisión Europea, al haberse publicado el contrato en el Diario de la UE.
Los proyectos se podrían actualizar en 24 meses, sin embargo, Transportes optó por estirar el plazo hasta los 3 años por motivos de «disponibilidad presupuestaria» y pese a que en otros tramos de la misma Autovía del Duero ha optado por reducirlo. La decisión desató las críticas de los parlamentarios del PP por Burgos, que con el senador Javier Lacalle a la cabeza exigieron al ministro Óscar Puente recortar de 36 a 18 meses ese periodo. Con el inicio del nuevo expediente de contratación «para subsanar las irregularidades cometidas» se plantea la oportunidad para poder agilizar la entrega de los proyectos y subsanar, al menos en parte, el error cometido por el propio Ministerio y que perjudica gravemente a esta infraestructura.
Tal y como reconoce el Gobierno central, la conexión actual entre Quintanilla de Arriba y Castrillo de la Vega por la N-122 cuenta con «un tráfico muy elevado de vehículos pesados (en torno al 30%) que dificulta la circulación, ya que éstos circulan a menudo en forma de convoyes», y las maniobras del resto de los conductores, además de restringir su visibilidad, un serio riesgo para la seguridad vial.