La lista de espera del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de la Diputación de Burgos supera las 600 personas, según denuncia el diputado socialista Ignacio Grajal, que reclama "voluntad política" para mantener un "sistema muy eficaz para mantener población en el medio rural" y que además da empleo a cerca de 400 mujeres.
Según los cálculos del PSOE, la Junta de Castilla y León financia teóricamente el 90% del servicio y los usuarios también pagan, en torno a 1,2 millones, por lo que el "coste real" para las arcas provinciales no pasa de 1.100.000 euros en un presupuesto anual de 165 millones. "A pesar de eso, se está escatimando a los hombres y mujeres que residen en el medio rural", considera Grajal, para quien "la Diputación no tiene un interés especial en favorecer" el SAD y quiere "congelar" el número de horas en el entorno de las 370.000, pese a que la previsión era de llegar a las 614.000 en 2027.
El diputado del PSOE reconoce que Bienestar Social sí da de alta a los casos más graves, aquellos con mayor grado de dependencia, mientras que a otros los tiene en lista de espera durante meses, si bien desconoce cuánto tiempo de media tiene que aguardar un usuario. A diferencia de otros ayuntamientos, como el de Burgos, y diputaciones, en este caso "los ceas funcionan bien, porque se les reconoce el derecho a la prestación", pero a veces no llegan nunca a recibirla porque fallecen, se van a residencias o buscan otras alternativas, como empresas privadas o el servicio A gusto en casa de la Junta de Castilla y León.
Grajal recuerda que antes de licitar el nuevo contrato la Diputación había calculado que las horas se iban a incrementar considerablemente y también el coste, porque además ha subido el precio; sin embargo en el pliego se recogió un número inferior, "no sabemos si por imprevisión, por mala gestión o por incapacidad", pero el nuevo contrato "se hizo mal" y a su juicio no por error. "Fue una decisión política", recalca. Se adjudicó a Senior Servicios Integrales el 1 de septiembre de 2024 por dos años, con opción a un tercero de prórroga, por 14.408.000 euros. Según el cálculo del Grupo Provincial Socialista, la prestación se ha reducido en una media de 3.343 horas mensuales desde entonces.
El socialista recuerda al presidente provincial, Borja Suárez, que adquirió el compromiso de reducir la lista de espera y sin embargo no ha hecho más que aumentar. Le pide que no se escude en argumentos legales y arbitre una fórmula para poder incrementar la dotación económica cuanto antes. "Si la electricidad sube y hay que pagar más de lo que habíamos presupuestado, ¿vamos a cortar la luz?", se pregunta.