Las esperanzas de cientos de ayuntamientos estaban puestas en Quintanilla del Agua y Tordueles. Este pequeño municipio decidió plantar batalla a uno de los gigantes del Estado, la Agencia Tributaria. Una primera victoria en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio alas a las aspiraciones del David burgalés. Sin embargo, Goliat no se desanimó y planteó un último asalto ante el Supremo. Y entonces sí, en este escalón se acaba la épica y empiezan las matemáticas.

Los ayuntamientos tendrán que  pagar el IVA de los contratos de arrendamiento de los terrenos municipales para aprovechamiento cinegético, al considerar los magistrados que la caza no puede ser considerada como una prestación de servicios agrícolas, que sí está exenta de abonar ese impuesto. El Tribunal Supremo establece con estas resoluciones recién notificadas una doctrina jurisprudencial que repercutirá probablemente al alza en el precio a pagar para alquilar los cotos municipales, al tener que sumarles ese 21% del impuesto; aunque por el momento no se ha percibido incremento alguno, según apunta el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi. La recomendación que se realiza desde esta entidad es licitar siempre con el IVA incluido.

El pleito por el IVA de los ejercicios 2018, 19 y 20 lo inició el anterior ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles. Su nuevo alcalde, Raúl Izquierdo, conoce las resoluciones del Supremo pero aún no ha abordado el asunto con su equipo, a la espera del análisis de la nueva secretaria, quien se incorporó en noviembre después de varios meses con el puesto vacante (un mal endémico en los pequeños consistorios de la provincia).

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