El Procurador del Común (el Defensor del Pueblo en Castilla y León), Tomás Quintana,  ha vuelto a emitir una resolución en la que, de nuevo, le pide a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) en general y al HUBU en particular que «refuercen las medidas que se están aplicando actualmente y otras diferentes, arbitrando los medios, tanto personales como materiales que se consideren necesarios, para reducir las demoras y agilizar las listas de espera en pruebas diagnósticas». Es decir, que el plan de choque implantado para reducir el número de cirugías y primeras consultas acumuladas (con más éxito en quirófanos que en despachos de especialidades) se extienda también a los estudios diagnósticos. Es decir, a las pruebas más habituales.

La resolución parte de la queja de un paciente de Cardiología del HUBU, a quien el especialista solicitó, en noviembre del año pasado, una resonancia magnética cardíaca. La causa de la indignación del afectado radica en que, como especifica Quintana, pasados «seis meses» de la consulta en Cardiología, «no había recibido ni siquiera la citación para la realización de esta prueba diagnóstica».

Esta situación motivó la queja, que el Procurador admitió a trámite y, como suele ser habitual, empezó a indagar sobre los pormenores del problema. Así, el defensor de los castellanos y leoneses puntualiza que el pasado 25 de junio el HUBU comunicó que el paciente había sido citado en «octubre del 2024». Es decir, once meses después de que el cardiólogo solicitara el estudio diagnóstico.

Sin obviar que se trata de una demora excesiva, «sin duda», y que «no resulta razonable» que una persona con necesidad de un estudio diagnóstico de estas características «no haya recibido ni siquiera la citación correspondiente» en más de seis meses, Quintana no se detiene en estos hechos. Recuerda que ha emitido numerosas resoluciones para instar a Sacyl a «llevar a cabo una política adecuada de gestión de las listas de espera con la finalidad de no vulnerar el derecho a la asistencia sanitaria». Y también añade que ha pedido, muchas veces, «medidas extraordinarias» para afrontar este problema. Algo que, admite, le consta que la Consejería de Sanidad intenta. 

Pero, aunque esto no lo indica Quintana, los esfuerzos se han centrado en la lista de espera para entrar en quirófano. Más que en consultas y, también, que en las denominadas técnicas diagnósticas: resonancias magnéticas, TAC (escáner), ecografías, mamografías... Y Quintana especifica que el hecho de organizar la asistencia de acuerdo a unos criterios de prioridad clínica «no debería significar que la realización de las técnicas pueda retrasarse en exceso. Deben producirse en un tiempo que pueda entenderse razonable».

Lo contrario, concluye, impide «garantizar una protección integral de la salud, en cumplimiento de los principios de eficacia y celeridad».