La decisión de la empresa Prepay de dejar de prestar el servicio de recarga de las tarjetas de autobús desde el pasado 15 de febrero obligó al Ayuntamiento a buscar una solución a marchas forzadas para no dejar a cientos de usuarios sin poder ingresar saldo. Se instalaron una decena de puntos de recarga en los centros cívicos, en la Oficina de Movilidad y en el Ayuntamiento y se implementó una solución por internet para complementar la física. Sin embargo, resta por completar la red de establecimientos colabores (comercios, quioscos, estancos) para ampliar los espacios en los que se puede hacer la recarga.
El contrato tiene un importe de 137.000 euros y se ha gestionado a través de un procedimiento negociado con las empresas Logista, Beralan y Disasho. El vicealcalde, Juan Manuel Manso, aseguró ayer que la Junta de Gobierno ha nombrado a un técnico del área de Movilidad para asesorar a la mesa de contratación en la valoración de las ofertas presentadas y que la licitación pueda resolverse en las próximas semanas.
Manso subrayó que el nuevo sistema de recargas está funcionando con «normalidad» en los puntos de recarga presenciales, así como a través de la página web, aunque todavía no se ha habilitado la opción de pagar en efectivo y no hay fecha para ello. «Está a punto de solucionarse», afirmó sin concretar más.
Cabe recordar que algunos usuarios alertaron de que el saldo no se ingresaba hasta dos días después de hacer la recarga en el caso de hacerse por internet a través de la página web municipal, especialmente en el caso de las nuevas altas de tarjetas.
Las recargas presenciales se pueden realizar de lunes a viernes en los centros cívicos de San Agustín, Río Vena, San Juan, G-3 Vista Alegre, Gamonal Norte, Capiscol y Huelgas, así como en la Casa Consistorial, también los sábados, y en el Servicio de Movilidad y Transportes, en Barrio Gimeno.
Juan Manuel Manso, presidente de la Comisión de Investigación del 'caso Prepay', la empresa que se ha quedado con más de 900.000 euros de las recargas que gestionaba y que entró en concurso de acreedores, no quiso valorar el contenido de la tercera sesión celebrada el miércoles al ser «a puerta cerrada». Sin embargo, aseguró que, a juicio del PP, no hay responsabilidades políticas. «Los responsables de la estafa son los estafadores, presuntamente hasta que no haya juicio, y quién puede haber hecho alzamiento de bienes será el administrador o los administradores de Prepay pero no los ciudadanos, ni los políticos ni el equipo de Gobierno», sentenció.
Sin embargo, desde Vox no comparten que se mantenga el secreto de las reuniones de las reuniones ni que se descarten responsabilidades políticas. «Puede haberlas, de momento hay negligencias. Si no hay responsabilidades políticas, ¿para qué existimos?», indicó Fernando Martínez-Acitores.