El Gobierno de coalición del PSOE y Cs se acaba de tropezar con un problema serio al encontrarse con la disparidad de criterios de dos áreas municipales acerca de si es legal o no la instalación de terrazas adosadas a fachadas. Hasta el punto que desde el máximo nivel técnico de Vías Públicas han decidido presentar una alegación al texto de la Ordenanza (ya aprobada inicialmente en el Pleno) ante el intento del Ejecutivo, a través de la Concejalía de Licencias, de permitir, bajo el paraguas de una «ordenación singular», que la hostelería pueda sacar mesas en lugares de gran concentración de establecimientos como la calle Sombrerería, San Lorenzo o la Plaza Roma.

Y no solo ahí, también en las calles San Carlos y Arco del Pilar (en sus intersecciones entre San Lorenzo y Laín Calvo), en Diego Porcelos (en sus intersecciones entre Sombrerería y La Paloma) y entre los números 3 y 4 de la plaza del Rey San Fernando.

La manera en que vías Públicas mete en apuros al equipo de Gobierno es dejando constancia de que existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que prohíbe la instalación de terrazas adosadas a fachadas. Un fallo en el que se recuerda la Orden del Ministerio de Vivienda 561/2010, que en materia de accesibilidad defiende que «todo itinerario peatonal discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo». Un texto que, en esencia, está pensado para que un invidente pueda orientarse en su caminar con la fachada de un edificio.

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