Los cierres de Rottneros primero y de Montefibre después golpearon de lleno en el mentón de la ciudad. Miranda cayó a la lona tras la crisis del ladrillo y aún trata de levantarse, pero lo hace con cierta nostalgia por lo perdido. Aun así, poco a poco deja atrás el recuerdo de dos industrias históricas, pese a que la herida sigue abierta para los más de 200 empleados a los que se les debe dinero. En el caso de la antigua papelera, la factura asciende a 4,8 millones de euros a repartir entre 165 trabajadores, mientras que la químico textil adeuda aproximadamente medio millón a las 46 personas que mantenían su contrato en febrero 2022. En ambos procesos, las plantillas cuentan con un hilo de esperanza, ya que los administradores concursales aún disponen de bienes a la venta para cubrir la deuda.
Los extrabajadores de Rottneros cumplirán este 2024 quince años desde que la empresa rescindió los contratos en diciembre de 2009. En este tiempo, el expresidente del comité de empresa, Paco González, recuerda que cobraron una parte cuando JSV Logistic compró los terrenos para instalar la Terminal de Contenedores Miranda por algo más de un millón de euros. Con aquella venta de 160.000 metros cuadrados, el exrepresentante recuerda que ingresaron la mitad, ya que lo repartieron con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo que adelantó cinco millones para que los trabajadores pudieran cobrar algo de las indemnizaciones tras el cierre.
Más allá de esta venta, ninguno de los intereses que han llegado hasta la puerta de los administradores concursales han concretado nada. A corto plazo, los trabajadores esperan ingresar dinero por la subasta del suelo rústico propiedad de la papelera. «Será por los terrenos que van desde el vial de Ircio hasta el Zadorra», detalla González, quien explica que «todavía no nos han comunicado por cuánto lo han vendido ni lo que vamos a ingresar nosotros, porque también tendremos que compartir con el Fogasa», recuerda. Aun así, admite que para conseguir los fondos necesarios habría que vender la parte industrial, que representa una cantidad «cercana al millón de metros cuadrados», afirma González, quien reconoce que en este tiempo han llegado interesados «y el año pasado hubo uno que nos volvió locos a nosotros, al Ayuntamiento y a todo el mundo, pero al final nada de nada», critica el exrepresentante, quien lamenta que en este tiempo «de las 165 personas que éramos habrán fallecido 25, aunque la deuda no desaparece y pasa a los herederos».
Acción reivindicativa de los trabajadores de Montefibre en la sede de la Junta en la ciudad. - Foto: DBEl caso de Montefibre tiene varias diferencias respecto a la caída de la papelera. La industria químico textil tuvo un cierre en varios capítulos. El primero supuso el golpe más duro y se vivió en 2014, cuando la planta contaba con cerca de 200 empleados de los que se finiquitó el contrato a 179 sin dejar deudas. El resto quedaron dentro de la compañía, en parte con la esperanza de la reapertura. Se logró en 2017, pero el espejismo duró poco y la clausura definitiva se produjo en 2022 cuando no hubo marcha atrás.
Por entonces había en nómina 46 empleados a los que se les debe medio millón de euros. Para cobrarlo miran al desmantelamiento que está en marcha y al contrato firmado con la empresa Erri Berri por la chatarra, que permitirá un ingreso de 2,7 millones de euros. En la plantilla explican que «en un primer momento se nos dijo que nos llegaría, aunque por ahora no hemos cobrado», afirma uno de los trabajadores. En la última comunicación, el administrador concursal transmitió que al margen del desmantelamiento iban a vender varias fincas y sin saber por cuánto recibirían no iniciarían los cálculos para repartir la tesorería. En cualquier caso, la empresa debe en total más de 45 millones de euros.