El expresidente del Gobierno, Felipe González, manifestó hace unos días que "La Constitución no es un chicle que se adapta al deseo particular de cada cual", a cuenta del debate sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía para los procesados por el 'procés´ independentista. Pero lo mismo podría afirmarse de los propios procedimientos democráticos: en su nombre o en su supuesta defensa no todo vale. O más allá, los que se oponen a la desjudicialización de un problema político no dudan en usar la justicia para defender sus intereses poniendo en cuestión la honorabilidad y la limpieza de otros partidos, que son la clave de arco del sistema. Ahora que a cuenta de la amnistía se lanzan advertencias sobre los daños que comportaría para el estado de salud del sistema democrático no está de más señalar que otros comportamientos político-mediático-judiciales también dañan su funcionamiento.
Desde que Podemos se convirtió en un actor político de primera magnitud se lanzaron sospechas sobre su financiación venezolano-iraní, y a partir de ahí comenzaron los procesos judiciales contra el partido morado sin que ninguno de ellos haya concluido con su condena. Por el contrario se han archivado una tras otra las investigaciones a las que era sometido, no sin que antes algunos jueces estiraran el procedimiento hasta el máximo de lo permitido. El último archivo de diligencias ha sido sobre el denominado "caso Neurona", mantenido con respiración asistida por un juez de instrucción madrileño hasta que se ha rendido a la evidencia de que no hay indicios de delito en la relación con una empresa de consultoría mexicana, ni pago de sobrecostes, ni financiación irregular, ni desvío de fondos, ni enriquecimiento ilícito de algunos de los líderes del partido como Juan Carlos Monedero. Tampoco hubo "caso Niñera". Lo que sí hubo es una persecución al partido de Pablo Iglesias sostenida en el tiempo sobre el que se arrojaban todo tipo de sospechas.
No se trata de hacer un ejercicio de historia contrafactual para valorar el coste reputacional y electoral que han tenido las investigaciones sobre Podemos, pero su persecución judicial ha de servir para que el compromiso de defensa de la democracia alcance también a la actividad de los partidos políticos que se sitúan en los extremos del sistema, a los que votan un número nada desdeñable de ciudadanos hasta auparlos a la gobernación del país. Es además una llamada de atención para aquellos que dicen defender la independencia de la justicia al mismo tiempo que la utilizan para mermar la respetabilidad de sus oponentes políticos, mediante la figura de la acción popular o al dar pábulo a acusaciones extemporáneas o con escaso fundamento. Basta seguir el periplo entre los juzgados y la política judicial que han seguido algunos jueces que han recibido el pago por los servicios prestados a la vista de todo el mundo, y por lo que luego se enfrentan a episodios de recusación.
Quienes, siguiendo a Felipe González, comparten que "El Estado también se defiende desde las cloacas del Estado", no deben olvidar que se ha hecho un uso torticero de ellas en asuntos como el de la policía patriótica o el espionaje con el artefacto Pegasus que eludieron el imprescindible control judicial y también infectan la salud de la democracia española.