El clima de tensión en el Ayuntamiento de Aranda no sólo no se ha rebajado con el estreno del nuevo año sino que parece haberse recrudecido y que sigue una línea ascendente. El último frente abierto incluye a un exconcejal, Vicente Holgueras, que entró a formar parte del Consistorio desde las filas de Vox y que, una vez expulsado de este partido, continuó en el anterior equipo de gobierno del PP, y ahora sigue en el radio de acción de los populares, aunque fuera de la administración local.

El alcalde Antonio Linaje no se cansó de repetir que «no hay persecución política, ustedes han tenido tres concejales, nosotros uno», en referencia al PP, los votos del tripartito sirvieron para aprobar el llevar al juzgado Contencioso Administrativo el cobro de 44 asistencias a la junta de gobierno local del exedil Vicente Holgueras en el anterior mandato porque, según los técnicos, percibió más de 7.000 euros cuando en esas reuniones era concejal no adscrito, lo que vulneraría la ley antitransfuguismo. «Que el juzgado determine si es o no lesivo, es nuestro deber ponerlo en manos de la justicia», defendió Linaje.

Con los concejales socialistas como testigos mudos, ya que no entraron en el debate, desde las filas del PP se acusó al tripartito de hacer con este asunto un arma contra ellos. «Esto es una persecución ideológica porque hay tres miembros del PP implicados, pero no hay talante ni negociación», lamentó la portavoz popular, Cristina Valderas, que denunció que se estaba poniendo en el punto de mira a una sola persona. «No es cobro indebido, es pago indebido por parte de la administración, no es responsabilidad de una persona», argumentó.

También contrarios a este proceso judicial se mostraban desde Vox, cuyos concejales acusaron al tripartito de banalizar con «una cosa muy seria», porque supondrá un coste para las arcas municipales y porque esta supuesta ilegalidad también podría afectar a decisiones de aquellas juntas de gobierno local. 

Denuncia del exedil. En el expediente de este asunto, se incluye un escrito del propio Vicente Holgueras en el que acusa claramente al alcalde y a la Secretaría General del Consistorio de «acoso político» que considera que viene motivado por una «rivalidad» ideológica y que este acuerdo sólo busca «dañar mi reputación y menoscabar mi posición personal y política». 

En ese escrito, Holgueras planteaba la vía judicial si seguía adelante este expediente «incluida la vía penal, a fin de proteger mis derechos y frenar el uso indebido de procedimientos administrativos con fines de acoso político». Holgueras defiende que su nombramiento como integrante de la Junta de Gobierno Local se realizó «sin que yo interviniera de manera directa en el mismo, dicho nombramiento contó con los informes jurídicos favorables que avalan la legalidad del acto» y que le supuso «un claro perjuicio económico» al impedirle realizar su labor profesional por llevar a cabo su labor como edil del equipo de gobierno.

La oposición encabeza el 'Me Too' a favor de María de las Viñas Ortuño para abrir la investigación interna

La calma tensa que planeó durante toda la sesión plenaria de ayer en el Ayuntamiento arandino tenía una justificación: La moción de urgencia presentada por el PP para pedir una comisión de investigación en torno a los hechos denunciados por la exconcejal María de las Viñas Ortuño. Un texto que llegaba a manos del equipo de gobierno minutos antes del comienzo del pleno y que contaba como prólogo con la colocación en los puestos de populares y socialistas carteles con el mensaje 'Yo sí te creo'.

Tras un receso de 15 minutos para decidir si se admitía o no la moción, lapso temporal en el que la oposición no las tenía todas consigo, la propuesta se debatió y el intercambio de acusaciones e insultos fue in crescendo. «Por más que repitan la mentira, no se va a convertir en verdad», acusó la portavoz del PP a los miembros de Sentir Aranda, después de mostrar su vergüenza porque «nos llaman de otras instituciones y nos preguntan qué es lo que está pasando en Aranda», después de defender Cristina Valderas la necesidad de investigar los motivos del «deterioro del clima laboral de este Ayuntamiento» que «también han denunciado desde los sindicatos, que piden que se conozca qué es lo que ha pasado de verdad».

La concejala del PSOE, Amparo Simón, puso el acento más allá del funcionamiento de la administración. «Esto no va de legalidad, va de una mujer que tiene miedo, no de si usted me cae bien o mal, esto va de respeto, y el respeto se gana, pero no a gritos o golpeando una mesa», declaró Simón en alusión al alcalde, Antonio Linaje.

La edil de Sentir Aranda, Ana María Hervás, acusó a la oposición de «estar generando debate político y denigrar la imagen de personas» con este asunto, remarcando que «si hay delito, si hay acoso, si hay coacciones, nos lo dirá el juez si llega el caso» y pidió «responsabilidad, respeto y coherencia» al resto de los grupos políticos.

En la votación final, PP, PSOE y Vox sumaron su apoyo a la creación de esta comisión de investigación, que tendrá que echar a andar en un plazo de 10 días, mientras que el equipo de gobierno sumó sus nueve abstenciones. 

En la larga ronda de ruegos y preguntas de la oposición al tripartito, la mayoría de las interpelaciones giraron en torno a las más que tensas situaciones que se han producido en los últimos meses en el Consistorio arandino.