El Gobierno aprobó el pasado 21 de enero un anteproyecto para llevar a cabo una reforma integral de la Ley del Poder Judicial, una decisión con luces y sombras que ha levantado ampollas tanto en las asociaciones de magistrados como en la cúpula de los jueces por, previsiblemente, abrir la puerta al acceso de jueces sin necesidad de hacer una oposición.
Entre las medidas que más malestar han generado en el ámbito de los letrados, se encuentra la pretensión del Ejecutivo de que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia, como aquellos que hayan ejer cido una profesión vinculada con el derecho durante al menos 10 años.
El anteproyecto también contempla un sistema público de becas de cuatro años de duración por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para los opositores que quieran acceder a la carrera, además de prohibir la financiación privada de las asociaciones judiciales, dejándolas dependientes únicamente del dinero público.
Estas iniciativas son las que más han crispado los ánimos en el seno de las organizaciones de jueces. Por ejemplo, la presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco asegura que le parece «gravísimo, porque la carrera ya es plural». «Otra cosa es que les moleste la independencia. A la carrera judicial opositan todos los estamentos menos los ricos, que no se preparan oposiciones. Con la reforma, el Gobierno se entromete en la carrera para que queden jueces con carné», indicó.
Por su parte, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para abordar la reforma, ya que «la materia que aborda este anteproyecto de ley afecta a la carrera», por lo que es «imprescindible» el diálogo con las asociaciones para poder, al menos, conocer el parecer de estas respecto a lo que se pretende modificar».
Más allá de las quejas de estas instituciones por algunos de los cambios, la reforma de la Ley del Poder Judicial da prioridad a la habilidad para relacionar conceptos jurídicos, suprimiendo una prueba oral e introduciendo otra escrita consistente en un caso práctico, con el objetivo de reducir la necesidad de memorizar y el tiempo de preparación del examen.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca adecuar los sistemas de acceso a la carrera judicial y fiscal a las necesidades actuales, tal y como explicó Bolaños. «Lo cierto es que el trabajo de los jueces y magistrados de España es sobre todo escribir y razonar en derecho. Y, sin embargo, no hay ninguna prueba en la oposición que valore la habilidad para escribir, para relacionar conceptos jurídicos», señaló.
Examen escrito
De este modo, la reforma suprimirá una de las dos pruebas orales e introducirá una escrita y anónima consistente en un caso práctico, que permitirá detectar en el aspirante otras habilidades. Así, el examen será un tres en uno y consistirá en un test, una prueba oral y una otra escrita.
Para el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, estos cambios son positivos porque se pasa de dos ejercicios recitando tres temas, a uno teórico y otro práctico y escrito, para demostrar también el conocimiento de las instituciones jurídicas que tienen que aplicarse habitualmente en los juzgados. «Se trata de garantizar que, además de capacidad memorística, se tiene habilidad argumentativa, evitando que solo se pondere la memoria», argumenta el letrado.
Además, el Gobierno quiere habilitar un centro público de preparación de opositores a los altos puestos de la Administración de Justicia. En concreto, pretende convertir el actual Centro de Estudios Jurídicos, que sirve para formar a los fiscales recién ingresados en la carrera, en un centro estatal para preparar este tipo de prueba, con delegaciones en cada territorio.
Al tiempo, se elaborará un registro público de los magistrados que actúan como preparadores. «Será una herramienta útil para los distintos opositores, que podrán saber, por provincias, quiénes han pedido la compatibilidad», afirmó Bolaños.
Sistema de becas
Para garantizar que cualquier persona, con independencia de la renta de su familia, pueda incorporarse a estos estudios, el Gobierno respaldará por ley un sistema de becas público para la preparación del acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, Abogacía del Estado y cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
La cuantía de estas ayudas, a las que accederán los opositores cuyos hogares tengan rentas bajas o medias, nunca podrá ser inferior al SMI en cómputo anual, se concederá anualmente y podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.