Han pasado más de 90 días desde que se inició la llamada Operación Valencia y los militares  que trabajan en las localidades asoladas por la dana «siguen en las mismas condiciones que el primer día», según la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro).

«Están en tiendas de campaña, durmiendo en literas de lona, con puntos de abastecimiento de comida que cuando llega al último llega fría, metiéndose en alcantarillas sin seguridad o haciendo su trabajo carentes de medidas de seguridad, no se cumple la normativa de riesgos laborales», lamenta Antonio Seoane, miembro de la junta directiva de la asociación.

Este portavoz  atribuye a razones económicas las «malas condiciones» de vida y trabajo de los efectivos desplegados, que dependen del Ministerio de Defensa.

La responsable de la Cartera,  Margarita Robles, admitió en diciembre en el Congreso que militares destinados en los municipios arrasados resultaron heridos o intoxicados, pero ciñó estos sucesos a la limpieza de garajes y no proporcionó una cifra concreta de damnificados en esta operación. 

Según las explicaciones de Robles, al principio de la emergencia no se adoptaron protocolos de seguridad específicos, lo que resultó en daños para algunos de los militares desplegados, pero la situación ya se solucionó.

Seoane asegura que las condiciones «no han cambiado porque así es más barato», y va más allá, al señalar «un problema de fondo», a su juicio, en los ejércitos: «el prestigio profesional». 

«Estamos acostumbrados a que el militar no protesta. Están acostumbrados a ir a cualquier sitio y de cualquier manera», afirma antes de apuntar que si bien el despliegue se llevó a cabo en plena emergencia y que los soldados tienen paciencia, no es comprensible que después de tres meses las condiciones no hayan mejorado.

Por ello, reclama que la situación de los militares se equipare al resto de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en la zona.«Si la Guardia Civil va a un hotel, nosotros queremos ir igual», defiende.

Quejas a Defensa

Según su testimonio, tanto Asfaspro como otras asociaciones trasladaron sus quejas al Ministerio de Defensa, al que pidieron abordar esta problemática en Valencia en un pleno del Consejo de Personal, el cauce de interlocución entre ambos.

Sin embargo, según apuntan, el departamento que dirige Robles se negó a tratar el asunto, alegando que el despliegue es una «operación militar», y esta consideración la excluye de la Ley de Derechos y Deberes por lo que no se puede emplear el citado canal. 

«Nosotros no queremos hablar de la operación en sí, ni pedir responsabilidades o protestar, queremos que nos informen y que se aclaren las condiciones de vida y de trabajo de los militares», asevera Seoane. El hecho de solicitar información no significa «protestar» sino tratar de evitar que «en un futuro vuelvan a ocurrir los mismos problemas» que en este operativo.

La denuncia de las asociaciones militares llega después de la visita del presidente, Pedro Sánchez, y de la titular de Defensa la semana pasada al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera (Valencia). Aunque en ella no hubo alusiones a las condiciones de los desplegados, Sumar registró una pregunta dirigida a Robles, que aseguró que todos los efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la Comunidad Valenciana cuentan con los equipos de protección individual necesarios para el desarrollo de sus respectivas labores.

Desde el 29 de octubre, más de 25.000 efectivos han participado en tareas de ayuda y reconstrucción en las localidades arrasadas, que van desde el rescate de personas, el reparto de alimentos, la atención sanitaria o tareas de limpieza hasta la reparación y puesta en marcha de infraestructuras.