El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dado la razón a un médico de atención primaria burgalés al que la Junta de Castilla y León le impidió compatibilizar su trabajo de facultativo en el centro de salud de un pueblo de la provincia con el de agente antidopaje. Tras la negativa del Gobierno regional el profesional recurrió al juzgado de lo contencioso administrativo número 2, que le dio la razón, igual que ahora se la otorga el Alto Tribunal autonómico. 

El juzgado declaró «no ajustada  a la ley la resolución administrativa de la Junta» y reconocía «el derecho» del médico «a compatibilizar su función de facultativo con el ejercicio privado como tutor habilitante de control de dopaje, con estricto cumplimiento de las funciones de su puesto, respeto al horario y jornada y sin que pueda actuar sobre actividades que desarrolle en su actividad como médico de familia».

Con todo, la Junta recurrió ante el TSJ, alegando que la entidad para la cual el médico pretende trabajar como agente antidopaje se nutre de fondos públicos. También esgrimía el argumento de que existe una discrepancia entre el límite horario que indicaba al facultativo y el que expone la empresa destinataria de sus servicios. La defensa del solicitante de la compatibilidad pidió la desestimación del recurso, porque «no es cierto que la retribución» de su cliente «esté financiada por la Comisión Española para la lucha contra el Doping en el Deporte».

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