Los problemas en la plantilla de la Policía Local de Miranda están provocando que este cuerpo municipal no pueda acudir a atender algunas emergencias, como la que tuvo lugar este martes por la noche que se saldó con un varón herido por arma blanca tras una pelea en la calle Ciudad de Vierzón. Y la falta de personal parece estar lejos de solucionarse, ya que la situación incluso puede ir a peor. Fuentes sindicales explican a Diario de Burgos que hasta cinco agentes «seguramente sacarán una plaza» en otra ciudad porque «aunque todavía deben aprobar la oposición es fácil que terminen abandonando» este municipio «en el momento en que se hagan las pruebas, si son en noviembre pues ese mismo mes».

Los motivos por los que hasta cinco personas han decidido presentarse a las oposiciones para salir hacia otros municipios son diversos. Sin embargo, uno destaca por encima del resto. Conforme a la descripción que realizan desde la plantilla, «es por una cuestión de mejoras laborales, pero sobre todo en cuanto al clima laboral que hay con la jefatura», que se suma a otras causas como que «en cualquier otra ciudad tienen una mejor retribución salarial y vacacional» o que «hay quienes desean volver a sus lugares de origen, pero muchos se quedarían si la situación fuera la que había antes».

En este sentido, las mismas fuentes sindicales comentan que en un contexto «normal» estos funcionarios suelen «esperar cinco años para poder pedir la movilidad», pero en este caso «hay quienes se van a presentar por libre» a causa del tenso clima que viven al tratar con el jefe del servicio. Los agentes añaden que el hecho de concurrir a un procedimiento en estas condiciones no es una cuestión menor, dado que «de esta manera implica empezar la oposición de cero, es decir, prepararse físicamente y toda la parte teórica, que ahora es más complicada».

Si todas las salidas previstas se terminan materializando, el cuerpo municipal quedaría muy mermado porque la cifra de agentes caería hasta los 37 funcionarios disponibles. En los sindicatos no olvidan que el Ayuntamiento se ha presentado a una convocatoria conjunta iniciada por la Junta de Castilla y León, que permitirá sumar a cinco trabajadores para este departamento. Ahora bien, aclaran que «estos van a llegar en agosto del año que viene, porque están sin formar, es decir, los que se marcharían ya han recibido la formación, pero los que tienen que llegar aún no han completado ese proceso». 

Conforme a los cálculos que realizan desde la Policía Local, estas entradas se demorarían tanto porque los aspirantes «deben pasar en la academia seis meses y después otros tres meses de prácticas», de ahí que «no se incorporarán como agentes reales hasta los nueve meses desde que termine el proceso y eso sería como pronto en el mes de agosto de 2025». Además, en el cuerpo municipal destacan que las entradas y salidas de funcionarios suponen un «coste importante» para el Ayuntamiento, puesto que «la formación de un agente supone en torno a unos 9.000 euros» y las ciudades que acojan a los trabajadores que pretenden irse se estarían ahorrando todo el procedimiento, mientas que el municipio del norte de Burgos lo habría asumido por partida doble.