Cuando apenas habían transcurrido unas pocas semanas desde la constitución de la nueva Corporación, el recién estrenado Gobierno de coalición del PP y Vox se encontró con preocupantes noticias por la situación de varios edificios abandonados de la ciudad, a los que diferentes grupos de jóvenes habían accedido poniendo en riesgo su integridad. Aquellos hechos encendieron las alarmas y el concejal de Licencias y de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, se marcó como objetivo atajar este problema. Eso sí, se topó con que su idea de actuar de manera urgente y con una solución global chocaba con el criterio de los técnicos municipales, que marcaron que, por aquello de la seguridad jurídica, cada situación debía abordarse con la apertura de expedientes independientes, analizando caso por caso y emitiendo órdenes de ejecución de manera individualizada.

Durante este tiempo, el Ayuntamiento ha procedido a actuar de manera provisional en estos edificios con la colocación de tableros para impedir el acceso de personas a inmuebles que se consideran potencialmente peligrosos, pero esta solución no resulta eficaz, ya que periódicamente los elementos colocados para evitar el paso son retirados y el riesgo reaparece.

Ante esta situación, los planes de Licencias pasan por contratar a una empresa para que realice de manera subsidiaria los trabajos que los propietarios de los edificios (por la razón que fuere) se niegan a hacer.

En el Presupuesto de 2024 se ha reservado una partida de 40.000 euros para este tipo de tareas. Aunque la cantidad no es demasiado elevada, Peña considera que es suficiente para poder tapiar los edificios que más preocupan. Las prioridades son el inmueble ubicado en el número 12 de la calle Hospital Militar (en las traseras del Hotel NH Palacio de La Merced), el situado en el número 65 de la calle Francisco Salinas (en el barrio de San Pedro), y el antiguo colegio Peña Amaya.

En todos ellos, la preocupación municipal se sustenta en que se trata de espacios en los que, de manera reiterada, entran jóvenes e incluso okupas y en el equipo de Gobierno existe una gran preocupación por el que día menos pensado pueda suceder en ellos una desgracia. Los bomberos ya han tenido que acudir en algún caso a apagar algún incendio y lo que se quiere evitar es que puedan producirse daños personales.

En el caso del colegio Peña Amaya la situación es compleja, ya que se está pendiente de que los tribunales determinen quien es el propietario del inmueble. Y es ahí donde surgen las dudas de si el Ayuntamiento puede tapiar un edificio que defiende que es suyo, pero que los últimos fallos judiciales (aunque no sean firmen) han venido a decir que es propiedad de una empresa quebrada.

Peña asegura que su intención es poder tapiar todos estos edificios cuanto antes, pero de momento deberán de seguir optando por cierres provisionales. Porque antes de poder actuar de esta manera tienen que culminarse unos expedientes administrativos en los que se tiene que dar a la propiedad la posibilidad de actuar con sus propios medios.

Lo cierto es que en la Concejalía de Licencias se abren numerosos expedientes en los que se requiere a los propietarios que actúen y se les advierte con que en el caso de no hacerlo se intervendrá de manera subsidiaria y pasando el correspondiente recibo. La teoría funciona, pero buena parte de estos procedimientos (por no decir la gran mayoría) mueren sin que se haya llegado hasta sus últimas consecuencias o tardan muchos años hasta que llegan a buen puerto.

El contrato para disponer de una empresa que realice las ejecuciones subsidiarias para el Ayuntamiento permitiría ganar en agilidad. Eso sí, es necesario disponer a la mayor brevedad de un pliego que permita licitar estos trabajos.

La prioridad son los edificios mencionados, pero recientemente se contabilizaron quince inmuebles abandonados que preocupan en el número 1 de la Plaza Mayor.