«Existe gente que no trabaja porque vive de la subvención». El secretario general de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Alberto Díaz Pico, vinculó ayer las ayudas que dan las administraciones públicas con el hecho de que existan personas que prefieran no trabajar y «vivir» de estas prestaciones. El número dos del consejero Mariano Veganzones (Vox) pidió que las ayudas para desempleados deben «limitarse» a casos de necesidad y lamentó que actualmente hay parados que «pueden vivir perfectamente de las prestaciones». «Igual no viven como alguien que está trabajando», explicó a preguntas de los periodistas durante un acto celebrado en Zamora, y consideró la necesidad de hacer «un estudio serio» de las prestaciones existentes en España en la actualidad para que «atiendan» las situaciones de vulnerabilidad «y no toda aquella situación en la que alguien considere que puede estar viviendo de una prestación sin la obligación de tener que buscar un puesto de trabajo».

En este contexto, Díaz Pico consideró que hay una «sobrefinanciación» de las prestaciones y que «hay mucha gente que vive de una prestación» en España. El secretario general de Industria hizo sus cuentas durante su intervención para defender esta tesis. «Yo no voy preguntando a la gente si quiere trabajar o no, pero si hay 150.000 puestos de trabajo ofertados y existen desempleados por encima de ese número, algún problema tenemos», señaló Díaz Pico, que insistió en que las ayudas para desempleados deben «limitarse» a casos de necesidad. «En este país tenemos una sobrefinanciación en materia de formación y una sobrecualificación en muchas personas que acuden a la formación pero que no casa realmente con las ofertas de empleo», añadió el número dos de Empleo.

De esta forma, Díaz Pico se suma a las tesis expresadas este jueves por el vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, que reclamó una reflexión «serena» y «prudente» sobre la falta de mano de obra en muchos sectores cuando en la Comunidad hay 100.000 desempleados «Tenemos que reflexionar sobre si existen o no excesivas prestaciones sociales que ayudan a que determinadas personas decidan instalarse en una situación de precariedad y de dependencia del sector público», aseveróGarcía-Gallardo este jueves, que recalcó que este problema requiere una reflexión por parte de los responsables de las administraciones públicas, pero también por parte de la sociedad.