Una autocaravana, una colección que supera los 1.000 libros, acciones en una empresa cuyo fundador se sentó en el banquillo acusado de fraude y viviendas en lugares tan dispares como Benidorm o Miami se cuentan entre los bienes e inversiones que declaran los 21 concejales del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Algunos, como el edil de Licencias, Obras y Urbanismo, Alfonso Sanz, dan todo tipo de detalles sobre sus posibles. Ahí están, por ejemplo, las cuatro fincas rústicas que posee en Hontoria de Valdearados, Araúzo de Torre, Arandilla y Baños de Valdearados, además de una participación del 50% en el Coto Quintanilla. El concejal, que suma tres viviendas, una de ellas en El Puerto de Santa María (Cádiz), conduce un Volvo y preside la Sociedad Cooperativa Colear.
Otros, sin embargo, se limitan a salvar el trámite. La edil socialista Ana María Lozano, quien ejerce la abogacía desde 2011, declara únicamente una cuenta corriente con algo más de 33.000 euros. Su compañera de filas, Laura Jorge, repite el patrón: 15.000 euros en el banco. Nada más. Algo similar al documento de Sergio Chagartegui (Vox) que se ha publicado en el Portal de Transparencia del Consistorio, donde se ciñe a destacar su puesto de gerente en una compañía.
La alcaldesa, por su parte, informa de su pertenencia a Aldeas Infantiles, la Asociación de Vecinos de Allendeduero, la Cofradía de San Antón y la Cofradía de Nuestra Señora de las Viñas. Raquel González posee dos vehículos, además de una autocaravana, que compró en 2018. Suma unos 22.000 euros en dos cuentas de ahorro y hace ya once años que contrajo un préstamo hipotecario.
Hablando de hipotecas, el ‘rey’ en el Consistorio arandino es el concejal de Cultura, Emilio Berzosa... con ocho viviendas. En algunas, eso sí, su participación se restinge al 25 o 50%. Dominios que se encuentran repartidos entre Aranda de Duero, Soria, Torredembarra y Miami, donde adquirió una vivienda en 2014. El portavoz municipal suma otras tantas cuentas corrientes tanto en España como en Estados Unidos, país donde todavía preside y trabaja para alguna sociedad.
Tampoco se queda corta en número de fincas la portavoz de Izquierda Unida, Vanesa González. Declara un total de siete parcelas en La Aguilera. No obstante, su porcentaje de participación se limita al 33,33% en cuatro y al 16,66% en las otras tres restantes. La concejala declara una vivienda al 100% enAranda y otras dos al 16,66% (una la capital ribereña y otra en La Aguilera).
Entre los concejales con mayor patrimonio inmobiliario también destaca Vicente Holgueras, portavoz de Vox. Posee tres viviendas (dos al 100% en Aranda y una tercera al 8,33% enBerlangas de Roa), un local (16% de participación) y una finca (8,33%) en el citado pueblo. Abogado de profesión, conduce dos vehículos de la marca Volkswagen y tiene acciones en el Banco Santander, además de participaciones en distintas sociedades.
Mientras, el primer teniente de alcalde y concejal de Contratación, Francisco Martín Hontoria, da cuenta de tres viviendas, todas en Aranda, así como un garaje y un local. Tiene acciones en DIA, Gowex, Telefónica o CaixaBank, dos vehículos (un BMW y un Smart) y un ciclomotor.
Dentro de la larga lista de curiosidades también hay hueco para salirse del guion e ir más allá de los clásicos de vivienda, coche y acciones. Entre los «bienes muebles de especial valor», María Ángeles Pizarro, edil de Unidas Podemos, es la única que registra «unos 1.000 libros» adquiridos a lo largo de «toda una vida».
Más allá de los detalles, cabe destacar que la publicación de las declaraciones de bienes e incompatibilidades en el Portal de Transparencia del Consistorio arandino llega con 22 meses de retraso, a pesar de lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en su artículo 8. Fuentes consultadas por este periódico precisan que todos los concejales presentaron estos documentos en junio de 2019, cuando accedieron al cargo. Sin embargo, hasta ahora no se habían hecho públicos.
En cualquier caso, además de tarde, algunas aparecen incompletas. Entre los munícipes hay autónomos, conductores de ambulancia, varios abogados, una técnica en cuidados auxiliares de enfermería, un oficial de laboratorio, agricultores y otros tantos que ni siquiera precisan su profesión ni tampoco dejan constancia de sus actividades profesionales.
Este lunes el Ayuntamiento de Aranda adjudicó el contrato para el servicio de mantenimiento del Portal de Transparencia a la empresa Dinamic Opengov Technologies por un total de 18.000 euros para los próximos tres años.