El patrimonio público asume la pérdida definitiva del Peña Amaya de su inventario después de 20 años de litigios. Una nueva resolución de un Juzgado de lo Mercantil de Madrid da la puntilla a las esperanzas delAyuntamiento en su intento por recuperar la titularidad del inmueble que acogió en su día una residencia universitaria.

El auto remitido al Consistorio ordena al Registro de la Propiedad que se inscriba de nuevo la finca a nombre de Inizia Gestión Inmobiliaria. Aunque cabía recurso, fuentes municipales asumen que toca pasar página. Este revés vuelve a atender la defensa de los intereses de los administradores concursales de la empresa que se lo permutó en 2005 a cambio de suelo por valor de 5 millones de euros como parte de una operación que fue declarada ilegal.

El Mercantil da la razón al administrador que tomó las riendas de la empresa que había absorbido la firma Raviorna, con la que el Ayuntamiento hizo la permuta. La compañía quebrada es la propietaria de un edificio que ya forma parte definitivamente de su masa concursal, aunque los servicios jurídicos municipales defendieron que la inscripción registral a nombre del Ayuntamiento era válida.

La ciudad se ha vuelto a quedar sin inmueble y sin el valor que tenían los terrenos en el comienzo del siglo. Ya no podrá aprovecharlo para apostar por un nuevo uso ni tampoco recuperará la parcela del S-4 por el que lo intercambió.

Tras las elecciones de 2003, el Ayuntamiento de Juan Carlos Aparicio apostó por convertir la residencia de estudiantes en un albergue juvenil. El Consistorio se quedaría con el colegio y la sociedad recibía a cambio una parcela de suelo público con capacidad para albergar 73 viviendas en el sector S-4, frente a la estación de trenes, y valorado en casi 5 millones de euros.

El grupo municipal del PSOE, entonces en la oposición, se mostró en contra desde un principio por considerar que se trataba de una enajenación ilegal de patrimonio público que no cumplía las condiciones previstas en la ley. Lo llevó a los tribunales y lo ganó, tanto en primera instancia como posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que resolvió el asunto en 2009 ordenando deshacer la operación.

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