El Juzgado de Menores de Burgos castigó a una menor de edad a 90 horas de trabajos en beneficio para la comunidad por las reiteradas palizas que propinó a otra chica. Unas agresiones por las que también deberá indemnizarla, después de que la Audiencia Provincial confirmase la sentencia que previamente fue recurrida. 

Los hechos se remontan al año 2022. Según recoge la sentencia, el primero de estos episodios violentos se produjo sobre las 3 de la madrugada del 14 de enero en un local de ocio. Allí coincidieron las dos chicas y entre ambas comenzó una discusión. Durante la trifulca, la ahora condenada agarró del cuello a la víctima y le arrancó una cadena que llevaba puesta. Cayeron al suelo y allí continuó agrediéndola. 

La joven afectada decidió poner una denuncia ante la Policía Nacional por estos hechos. De ello tuvo conocimiento la agresora el día que volvieron a coincidir, en este caso en plena calle. El 6 de febrero, sobre las 6 de la mañana, se produjo este segundo encuentro en el que la procesada exigió que retirara la acusación contra ella. Al no recibir contestación, se abalanzó sobre la víctima y volvió a agredirla. 

En esta ocasión, la propinó una patada en la boca y la tiró al suelo, donde siguió golpeándola con los puños y los pies, causándole numerosas lesiones. Según los hechos probados del fallo judicial, la joven sufrió por la paliza del 14 de enero erosiones a nivel cervical en la cara anterior y lateral del cuello por los que tuvo que ser atendida. Heridas que le tardaron en curar varios días. Por la agresión del 6 de febrero, fue tratada de un edema en el labio inferior y dolor en la región malar derecha en la dorso-lumbar y en la parrilla costal. Lesiones que también le causaron un perjuicio básico de cinco días. 

La condenada recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Burgos. En su apelación alegó error en la valoración de la prueba «al no resultar ajustada a las normas de la lógica, con infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que causa indefensión». Entre otras cosas, sostenía que no se habían acreditado debidamente las lesiones y que la declaración de una testigo se había modificado entre la fase de instrucción y el juicio. 

Sin embargo, la magistrada ponente que revisó el recurso aseguró que la testifical de la denunciante coincidía en todo momento del proceso. En concreto, consideró que era «coherente, persistente y detallada». También la de la testigo a la que hacía referencia la condenada, pues consideraba la juzgadora que actuaba como «elemento corroborador» para otorgar la prueba de cargo necesaria para destruir la presunción de inocencia. 

«Compartimos la conclusión de la jueza de instancia que valora de modo exhaustivo la prueba ante ella practicada», concluyó la magistrada de la Audiencia, que desestimó íntegramente el recurso presentado por la condenada y confirmó en su totalidad la sentencia, sobre la que no cabe recurso. Un fallo que la condena a 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad por dos delitos leves de lesiones y al pago de una indemnización de 400 euros por los daños causados a la víctima.