«Lo que han firmado es una orden de desahucio para el mundo rural». Así define José Luis García, alcalde pedáneo de Santa Cruz de Juarros y concejal de Ibeas, el recorte de Planes Provinciales que van a sufrir todos los pueblos en este ejercicio y el próximo, una media de un 30% que para muchos pequeños ayuntamientos puede suponer la diferencia entre poder ejecutar o no las inversiones previstas.
Aunque independiente, García compareció ayer junto al viceportavoz del Grupo Provincial Socialista, Javier Lezcano, y a la alcaldesa de Huérmeces, Silvia González, para anunciar que el PSOE va a remitir a todos los ayuntamientos la moción que se rechazó en el último Pleno, con los votos del PP y Sentir Aranda, en la que reclaman al equipo de gobierno de la Diputación que rectifique y neutralice esa reducción «brutal» de 7,5 millones de euros -6 para ayuntamiento y 1,5 para pedanías- con los remanentes. Pretenden sumar apoyos no solo de aquellas localidades en las que gobiernan, sino en muchas otras, «incluso algunos delPP» y de Vox, que se abstuvo el viernes pasado y que también considera insuficiente la cantidad presupuesta este año.
Para poner ejemplos concretos a esta reducción se sentaron a la mesa los alcaldes. García cree que se verá obligado a posponer una obra de urbanización con la que pretendía «que la gente no llegue a su casa pisando barro» y Silvia González reseña que habrá juntas vecinales que no llegan a los 6.000 euros.«Ningún camino se hace por ese precio», apunta. Por ejemplo, San Pantaleón del Páramo, que de los 7.513 euros que recibió en 2023 pasará a 5.895, o Quintanilla Pedro Abarca, que encaja un recorte del 32% y se queda con 7.326 euros, frente a los 10.781 del pasado ejercicio. «Pido a la Diputación que recapacite, porque sería salvar el ejercicio de todos los pueblos», apunta González.
En los Juarros se dan porcentajes incluso mayores, según las cifras aportadas ayer por el PSOE. San Millán se queda casi en la mitad, de 21.150 euros a 10.686 euros, Modúbar de San Cibrián pierde un 40,9% y el propio Santa Cruz un 37,6 %. «Estamos todos fastidiados», resume García.
Al tijeretazo económico, Lezcano añade otros problemas con las bases. El gasto corriente solo se podrá justificar hasta el 30 de noviembre de este año, pese a ser una convocatoria bianual. «Quizás no lleguemos a tener facturas suficientes», aventura. También lamenta que no se permita una mayor flexibilidad para «poder cambiar la obra elegida» y que los ayuntamientos no vayan a cobrar el 40% correspondiente a 2025 hasta la primavera de 2026, incluso aquellos que ejecuten la actuación en un año. «Lo que estamos haciendo es financiar a la Diputación», se queja.