Neutralizar la competencia desleal que ejercen países terceros es una de las demandas más importantes de los agricultores hace ya tiempo. Desde fuera de la Unión Europea (UE) llegan productos que se han cultivado en unas condiciones que están prohibidas en territorio comunitario (transgénicos, fitosanitarios vetados, malas condiciones laborales…), por lo que los profesionales de la UE pierden competitividad. Además, esas importaciones pueden entrañar cierto riesgo para la salud teniendo en cuenta que no es raro que, en frontera, se decomisen partidas con niveles de pesticidas superiores a los permitidos en Europa.
Marruecos es uno de los países de origen habituales de esas partidas y es precisamente Marruecos el protagonista de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que puede cambiar las cosas, al menos en las relaciones comerciales con el país norteafricano en materia agraria. Hace unos días, una sentencia del TJUE anuló los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de pesca y de productos agrícolas alegando que el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento y que se celebraron vulnerando los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados. No obstante, en el caso del convenio relativo a las medidas de liberalización en materia de productos agrícolas, la corte comunitaria decidió mantenerlo en vigor durante doce meses, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica.
Sobre este fallo, más allá de si se aplica inmediatamente o si se espera el año anunciado, lo importante son las consecuencias más que las causas, al menos para los agricultores, en tanto en cuanto puede ser el final de las preferencias arancelarias de los productos marroquíes a la hora de entrar en la UE. Esta es la razón por la que el sector agrario ha mostrado una cierta satisfacción, aunque empañada por esa prórroga de lo que consideran un acuerdo actualmente «ilegal».
COAG ha exigido la suspensión inmediata del acuerdo comercial tras conocerse la sentencia del TJUE en la que se confirma que dicho acuerdo, modificado en 2019, viola el derecho internacional. Según explican, el fallo confirma definitivamente la modificación del acuerdo UE-Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en él contenidas a los productos del Sáhara Occidental.
El responsable estatal de Frutas y Hortalizas de la organización, Andrés Góngora, ha declarado que «la aplicación de la sentencia debe ser inmediata, sin periodos de gracia. Los agricultores europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del acuerdo». Góngora ha añadido que «si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal solo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo». El responsable de COAG ha apostillado además que «otra cosa es que la Comisión Europea emprenda una negociación, pero el actual acuerdo no puede aplicarse más».
Sentencia positiva.
Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha considerado positiva la sentencia porque el acuerdo comercial «permitía a las producciones marroquíes acceder al mercado comunitario en condiciones que generan una competencia desleal a los productores comunitarios».
La presidenta de ASAJA Almería, Adoración Blanque, ha mostrado «satisfacción» y ha pedido que se modifique el Acuerdo de Asociación con Marruecos para que no pueda exportar productos que no son marroquíes, «como está pasando ahora» (en alusión al Sáhara Occidental). Blanque ha recalcado que el fallo reafirma las denuncias de los agricultores en los últimos tiempos, que han argumentado que «el acuerdo no se estaba respetando ni en cupos, ni en precios ni en aranceles» porque Marruecos «no cumple», además de llamar al Gobierno a que «apueste por los productos españoles y europeos».
El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha remarcado que ya ha habido varias sentencias que declaran esa ilegalidad, por lo que ha pedido que la Comisión Europea aproveche para firmar un nuevo acuerdo con Rabat. Según Cortés, la sentencia «da pie» a negociar un nuevo convenio que impida la «competencia desleal», que evite las importaciones de Marruecos con restos de pesticidas no permitidos en la UE e incluya cláusulas espejo, es decir, iguales requisitos para los envíos marroquíes que para las producciones comunitarias.
Viene al caso destacar que España tiene un déficit de 986 millones en la balanza agroalimentaria y pesquera con Marruecos en lo que es una relación comercial bilateral de alto valor político; el país norteafricano ocupa el puesto 12 entre los destinos de exportación agroalimentaria española y el puesto octavo como proveedor.
Además, el mismo día en que se ha conocido esta sentencia del TJUE también se ha hecho público otro fallo de este tribunal que ratifica las denuncias de COAG respecto a que el acuerdo de asociación de la UE y Marruecos vulnera los derechos de los consumidores en la UE y no es acorde a la legislación europea de etiquetado de frutas y hortalizas, dado que limita la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino o bien procede del Sáhara Occidental.