La implantación de la Zona de Bajas Emisiones se convirtió hace mucho tiempo en un dolor de cabeza recurrente para la ciudad, incapaz hasta el momento de cumplir con los diferentes plazos fijados por el Gobierno para cumplir con la ley. El concejal de Urbanismo, Manuel Manso, reconoció la necesidad de una nueva prórroga después del golpe de timón protagonizado por el equipo de Gobierno en un eterno proceso ya acostumbrado a dar un paso adelante y dos hacia atrás.

El Ayuntamiento y la inyección de 2,6 millones de euros procedentes de Europa quedan pues en manos del Ministerio de Transportes mientras se avanza en el expediente de licitación y contratación del proyecto que permitirá la posterior instalación de los elementos de control del área restringida.

El Ejecutivo municipal reconoce que será imposible completar la implantación de Burgos Central antes del 31 de diciembre, otro hito incumplido en un largo camino iniciado en 2020. Entonces, la patata caliente estaba en manos del bipartito formado por PSOE y CS con el objetivo de llegar a tiempo al 1 de enero de 2023. Sin embargo, la historia de la Zona de Bajas Emisiones está plagada de errores de cálculo, de cambios de guion, de sentencias y de regresos al punto de partida. 

El Ejecutivo dio forma a un planteamiento que ya en febrero de 2022 reconoció las dificultades a superar. Para colmo, los avances protagonizados hasta entonces acabaron en un juzgado después de que el PP, entonces en la oposición, presentara un recurso contra la adjudicación del contrato de la instalación de los elementos de regulación del tráfico. Rechazado su argumento en un primer momento, en noviembre el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 tramitó el recurso interpuesto y comenzó así una nueva fase del proceso.

En diciembre el juzgado ordenó la paralización de los trabajos al no haberse aprobado antes una ordenanza. Con el contrato judicializado, PSOE y CS asumieron el riesgo de perder los 2,6 millones de Europa y, además, el Ayuntamiento se exponía a las posibles reclamaciones de la empresa adjudicataria.

Las elecciones municipales de 2023 irrumpieron en un escenario de por sí complejo y ya en campaña tanto PP como Vox anunciaron su intención de frenar el planteamiento original de la Zona de Bajas Emisiones. Así lo confirmaron en junio al sellar su acuerdo de Gobierno, una decisión que implicaba empezar de cero con el nuevo horizonte fijado desde el Ministerio -1 de enero de 2024- también en entredicho.

No fue hasta el 20 de octubre cuando el Pleno acordó la eliminación de todo paso completado para rediseñar el nuevo Burgos Central. Para entonces ya tenía asegurada una nueva prórroga de un año, un balón de oxígeno decisivo que, sin embargo, no permitía el menor error de cálculo.

En el mes de abril de 2024 la ordenanza ya estaba definida, así como todos los aspectos técnicos y jurídicos relacionados con una nueva ZBE de mínimos, pero hubo que esperar al 19 de julio para que el pleno aprobara el texto de forma definitiva.

Ya se había completado el primero de los dos objetivos, pero el verdadero reto era instalar todos los elementos de control del tráfico antes del 31 de diciembre. La concejalía de Movilidad, apoyada en unos informes positivos de los técnicos, quiso solventar en el mismo movimiento la resolución del contrato judicializado en su momento y la contratación de las obras a través de una modificación del contrato de gestión del Tráfico. 

Esa fue la postura defendida a lo largo de toda la primavera y de la primera mitad del verano, pero las advertencias transmitidas desde Intervención y desde Asesoría Jurídica invitaron al Ejecutivo a cambiar el paso y aprobar ahora de urgencia el pliego de condiciones para contratar las cámaras que vigilarán en el futuro el perímetro restringido.

A pesar de reducirse a un tercio el área de acceso y de 58 a 31 los puntos de control, el Ayuntamiento sí mantiene el importe de 3.550.000 euros previsto en el anterior mandato para la implantación de Burgos Central al crear una oficina de atención al ciudadano y programar la instalación de una veintena de aparcabicis.

Una vez realizada la apuesta definitiva, son muchos los interrogantes que quedan en el aire. El Ministerio deberá responder a la solicitud de la nueva prórroga para asegurar los 2,6 millones de euros de Europa y el equipo de Gobierno aún tiene que resolver con Etralux el anterior contrato. Además, queda por comprobar si el retraso asumido en la implantación afectará a la exigencia de Vox de dejar esperar 18 meses más para aplicar las primeras sanciones. De momento, el concejal de Urbanismo se comprometió a llevar a cabo las obras «lo más deprisa posible».

Dos años para volver a empezar
2022
- Julio. La oposición advierte irregularidades en el proceso.
- Diciembre. El Juzgado suspende el contrato.

2023
- Febrero. Se reconoce el riesgo de perder los fondos europeos.
- Junio. El Ejecutivo avanza que reducirá al máximo el área planteada por el PSOE.
- Septiembre. Se solicita una prórroga de un año.
- Octubre. El Pleno aprueba la eliminación del plan del anterior mandato.

2024
- Abril. Se trabaja en una modificación del contrato de Tráfico.
- Julio. Aprobación de la ordenanza. Intervención recomienda lanzar un nuevo contrato.
- Agosto. Comienza el proceso desde cero y se solicitará una nueva prórroga.