La concentración de protesta contra el decreto de la Junta de reordenación del personal sanitario durante el estado de alarma fue ayer algo menos numerosa en el HUBU que el jueves pasado, pero congregó a decenas de sanitarios que, al igual que ocurrió ante las puertas de los centros de salud de toda la provincia, volvieron a exigir la retirada de ese texto.

La consigna para la convocatoria de ayer era que fuese silenciosa, por lo que no hubo reclamos ni lecturas de manifiestos, pero si una petición expresa de retirada del texto, que avala la movilidad de profesionales incluso de una provincia a otra, la suspensión de días libres o la reorganización de turnos o guardias, entre otras medidas. 

El acto, secundado en toda Castilla y León, contaba con el respaldo de todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE ) y, además de la retirada del decreto, exige que se programe una reunión en la que los interlocutores de los representantes de las centrales sindicales sean el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y la Consejera de Sanidad, Verónica Casado. Consideran que los designados para la negociación no son válidos y reclaman poder hablar directamente con el firmante del decreto. Como paso previo a toda negociación, eso sí, exigen la derogación del polémico decreto, más conocido como ‘el decretazo’.

Publicado en el BOCYL el sábado 14 de noviembre, es la trasposición al ordenamiento autonómico de la norma aprobada por el Gobierno de España el pasado septiembre, para reorganizar los recursos humanos en Sanidad durante la pandemia. Así, Casado ha defendido que el decreto de la Junta es el marco a partir del cual se debe empezar a negociar el detalle de esa normativa, que persigue garantizar la asistencia sanitaria a la covid-19 y al resto de patologías.