Los abogados y procuradores, que impulsaron la plataforma por la permanencia de la sede del TSJ en Burgos el pasado verano, consideran muy «complicado» que en la futura Ley de Planta -ahora aparcada- no aparezca un artículo que posibilite desdoblar todas las salas del TSJ en Valladolid. En la disposición adicional primera que figura en el anteproyecto de la Ley del Poder Judicial -conocido la semana pasada- dice que en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de esta última norma, «el Gobierno remitirá a las Cortes el proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial». El decano de los letrados burgaleses, Joaquín Delgado, explica que ésta «deberá atenerse a los principios de la Ley del Poder Judicial», que al ser orgánica, «es de rango superior».
Así que si la Ley del Poder Judicial -una vez superados todos los trámites hasta su aprobación- sigue incluyendo el artículo 84 de su anteproyecto («excepcionalmente el TSJ de Castilla y León podrá establecer sedes de todas las salas en Valladolid), éste también aparecerá, seguramente más desarrollado, en la Ley de Demarcación y Planta.
Y Delgado advierte de que hay muchas opciones de que esa Ley del Poder Judicial se parezca al anteproyecto, «pues no se trata de un borrador, sino de los principios que el partido del Gobierno (el PP) quiere que rijan en el funcionamiento de la Justicia en los próximos lustros».
Como todo parece indicar que será difícil que dicha posibilidad desaparezca de ambos textos legislativos, el decano del Colegio de Abogados de Burgos prevé que la batalla habrá de trasladarse en su momento a «exigir que efectivamente el desdoblamiento responda a criterios excepcionales». Y en este sentido, avisa de que habrá que estar atentos a saber «qué Administración será la que fije esos principios de excepcionalidad».
Sin las competencias asumidas por la Comunidad autónoma, «todo parece indicar que será el Ministerio de Justicia el que decida». Pero habrá de hacerlo «con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)». Lo que significa que la posición del propio TSJ de Castilla y León (de su Consejo de Gobierno) tendrá mucho peso en lo que decida el Gobierno a este respecto.
En todo caso, Delgado descarta movilizaciones en estos momentos y se felicita por que ese mismo anteproyecto de Ley del Poder Judicial establezca que los tribunales superiores mantendrán su sede oficial establecida desde su constitución».
Acerca de las sedes desplazadas -ya no se denominarán partidos judiciales-, que se mantendrán siempre que se cumplan una serie de condiciones -dispersión de población, tiempo de desplazamiento a la capital, etc- también insta a esperar a ver que Administración fija esos requisitos y cómo quedan redactados en su día.