El plan para reducir el riesgo de inundación en Miranda parecía cerrado, pero no, aún quedan aspectos por decidir como puntualizan ahora en el Ayuntamiento. Lo consensuado pertenece a la parte del proyecto que financiará la Junta de Castilla y León, con 1,6 millones de euros. Lo que continúa en el terreno de la duda, corresponde a la parte municipal, donde deshojan la margarita para saber qué hacer con los 320.000 euros incluidos en el Presupuesto para este cometido. El concejal de Servicios, Guillermo Ubieto, confiesa que la ciudad estudia dos intervenciones: sumar más motas a las que hará la administración autonómica y actuar en las riberas del Ebro, desde el puente de Hierro hasta el Polideportivo.
Mientras tanto, los vecinos concentrados en la Plataforma de Afectados por la Riada de 2015 reivindican la eliminación de la isla que hay en el Ebro en la zona de La Arboleda, aunque el edil transmite que esta opción «no se ha valorado».
Ubieto puntualiza que «la Junta presentó el proyecto, pero no nos dice qué hacer con nuestra parte», solo tiene que garantizarse que «el dinero va destinado a reducir el riesgo de crecidas». Por eso, matiza que, «a la espera de la confirmación técnica», plantean sumar motas para evitar la entrada de agua en el casco urbano cuando el río sube de nivel. El punto que gana enteros «es la zona de Los Pinos», admite el concejal, quien añade que puede haber otros puntos, pero la Junta también colocará estas elevaciones de tierra en todo el entorno del Polideportivo de Anduva.
Algunos de los afectados por la riada de 2015 en zonas como La Arboleda o Los Pinos explicaron a pie del Ebro sus medidas y lamentaron la falta de acción del Ayuntamiento de Miranda. - Foto: Ó.C.Precisamente, en la parte trasera de esta instalación, el Ayuntamiento también pretende actuar y llegar hasta el puente de Hierro. Eso implica una zona de paseo para muchos mirandeses, en la que se ha denunciado en ocasiones los árboles caídos y la suciedad, lo que perjudica la evacuación del agua. El responsable de IU-Podemos aclara que se quitarían ejemplares de especies invasoras y se plantarían autóctonos para mantener el bosque de ribera. En cualquier caso, Ubieto admite que «nos vendría bien, porque solucionaríamos varios problemas a la vez».
Mientras se despejan las dudas, los afectados remarcan la necesidad de intervenir. Aunque las medidas planteadas se vean como positivas, apuestan por eliminar una isla en la zona de la Arboleda. Para quitarla, hay que conseguir los permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) quien se reunió con el colectivo y «nos dijeron que estaban de acuerdo porque no tenía ningún valor medioambiental», detallan.
En este punto, entra quién financiaría esa medida, porque en el organismo regulador se escudan en que no forma parte de su responsabilidad y destacan que el Ayuntamiento «no nos ha solicitado permiso para ninguna actuación», tampoco para las motas o actuar en las riberas. En el Consistorio, Ubieto considera que la Confederación «si cree que es positivo debería hacerlo ella», zanja.
En cualquier caso, habrá que esperar el destino de los 320.000 euros, que completarán las medidas de la Junta, como la elevación de una parte de la calle Ronda del Ferrocarril en su cruce con Arenal.
La plataforma de afectados critica que «la forma en la que nos tratan es una burla a la ciudadanía»
Las imágenes que estremecieron a todo el país por la catástrofe de Valencia avivaron las viejas reivindicaciones de muchos mirandeses, a los que el Ebro visita cuando toca avenida extraordinaria. En puntos como La Arboleda, Los Linares, la calle Bilbao o Los Pinos, sus residentes volvieron a juntarse en torno a la Plataforma de Afectados por la Riada de 2015.
Desde entonces, se han reunido con la Junta de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el propio Ayuntamiento de Miranda. De todos esos encuentros han sacado cosas malas y algunas buenas, aunque reconocen que no se despegan la sensación de que en persona se les dice una cosa, pero luego se va en otra dirección. Por eso, admiten estar cansados. «No nos pueden ningunear, porque la forma en la que nos están tratando es una burla a la ciudadanía», afirma Carmen Urbina, una de las perjudicadas.
En el grupo denuncian ataques, porque «de vez en cuando desde el Ayuntamiento hay algún concejal que apela al tema ecológico y precisamente la gente de esta zona somos ecologista», remarcan, al tiempo que se quejan de que se les pone una imagen de «salvajes, que queremos arrasar con las riberas y con una isla que de natural no tiene nada», reivindican.
Más allá de contentarles con palabras que luego quedan en nada, lamentan la falta de transparencia que se ha vivido en todo este proceso, en el que recuerdan que el plan ha pasado de 4,6 millones de euros a menos de 2. «Es una negligencia», afirman casi al unísono, aunque para tener claro lo que ha pasado «proponemos un acto público en el que estén presentes las tres administraciones y que cada uno dé sus explicaciones», afirma Antonio Salazar.
Pese a todo esto y aunque critiquen cómo actúan desde las instituciones, admiten que «lo que queremos es que hagan algo, pero de verdad, porque en 2015 hubo una riada y se hizo algo porque dimos guerra, pero al margen de la CHE no se ha hecho nada», apunta Miguel Ángel Valderrama, quien apuesta sin duda por derribar la isla «pero los unos se echan la responsabilidad a los otros y al final no se hace nada», afea.
Consideran que esa medida se podía haber incluido en el plan original de intervención, pero apuntan «al oscurantismo» de su elaboración para entender la realidad actual. «Luego se preguntan por qué la ciudadanía tiene esta desafección con la política, en cosas como esta tienen la respuesta», claman los afectados, quienes esperan movimiento «porque aunque el riesgo cero no existe, hay que prevenir para luego no lamentarse», apunta Valderrama.