La Junta de Castilla y León se une a la patronal CEOE, las cámaras de Comercio y los secretarios e interventores municipales para reducir las trabas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos y empresas, así como para fomentar un lenguaje "claro y "accesible" en la Administración autonómica. Para ello, ponen en marcha mesas de trabajo, que tratarán de detectar ámbitos de mejora en la simplificación administrativa, bajo los principios de exigir "sólo una vez" los mismos datos o documentos y de compensar las nuevas cargas, con la eliminación de otras que se consideren innecesarias. 

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, firmó hoy en Valladolid el protocolo general de actuación en materia de simplificación administrativa con los presidentes de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo, y del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), Raúl Elvira Fernández.

En el acto, González Gago explicó que se ha previsto una reunión trimestral de las mesas de trabajo para que aquellas propuestas que sean admitidas a priori por los diferentes departamentos, se puedan incorporar en la legislación mediante modificaciones normativas sobre leyes, decretos u órdenes. Esto, añadió, requiere unos seis u ocho meses de tramitación, por lo que auguró que los primeros avances se verán en nueve o diez meses.

Además, el consejero de la Presidencia indicó que también se prevé abordar en estos encuentros entre todas las partes las medidas que entrañen dudas o generen dificultades para la administración de Castilla y León, con el fin de que el responsable público de ese ámbito pueda comparecer para explicarlas.

De forma complementaria a la labor de este nuevo grupo de trabajo, González Gago invitó a cualquier ciudadano interesado en contribuir a la simplificación administrativa a utilizar el correo electrónico simplifica@jcyl.es, al que puede dirigir sus sugerencias. La Junta, recordó, también trabaja en esta materia con la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, porque supone a su juicio una mejora la calidad de vida de los ciudadanos, un impulso de la actividad económica e, internamente, se optimiza el funcionamiento de la Administración autonómica, según informa Ical.

Igualmente, el titular de la Presidencia destacó la importancia de reducir la "excesiva" burocracia que reconoció presentan, en "muchos casos", las administraciones. Esto, señaló, provoca "dificultades" en el acceso a los servicios y entorpece los procedimientos. A su juicio, la solución pasa por la simplificación porque evita "dilaciones" y "retrasos" y mejora la "eficiencia, la eficacia y la transparencia". Por ello, su departamento y las entidades con las que suscribió el acuerdo este lunes buscan identificar trámites y cargas "redundantes" o "excesivas", así como las "medidas correctoras". 

30 propuestas sobre la mesa

El presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León aseguró que la red cameral está decidida a "echar una mano" a la Junta en la reducción de cargas burocráticas por lo que presentó las 30 propuestas que han elaborado tras realizar una prospección en el tejido económico de la Comunidad. Estas medidas, explicó Antonio Miguel Méndez Pozo, afectan a los transportes, la hostelería, el comercio, la ganadería, la industria, la energía o el sector sociosanitario.

En concreto, el documento ya entregado a la Consejería, plantea equilibrar los trámites online con los presenciales, dependiendo de cada territorio; avanzar en la simplificación de la redacción de las resoluciones; acabar con las contradicciones en los datos de distintas declaraciones anuales del sector agroganadero; aclarar los plazos de apertura y comunicación de resultados en la concesión de autorizaciones medioambientales en licitaciones públicas; fijar criterios comunes entre provincias sobre la documentación necesaria en los transportes (altas de tarjetas, visados de autorizaciones o certificados de conductores de terceros países), y la agilización de los trámites para la obtención de la autorización sanitaria en la apertura de la actividad en la hostelería,

Además, el presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León, quien apoyó la colaboración entre la Junta y la sociedad empresarial y civil, insistió en la importancia de evitar que el "vuelva usted mañana" sea una realidad en la Comunidad, por lo que reconoció el interés de la administración autonómica por "dulcificar" el "devenir" por las diversas ventanillas de la administración.

Unidad de mercado

El presidente de CEOE Castilla y León aseguró que la simplificación administrativa tiene una "trascendental importancia" para el ámbito empresarial, por lo que reclamó que sea una realidad "cuanto antes". Santiago Aparicio denunció que existe una "demora tremenda" y pidió que se agilicen plazos y procedimientos porque les supone un "mundo" al solaparse varias legislaciones (estatal, autonómica o local). Esto, denunció, les hace perder mucha productividad y, por tanto, merma la competitividad.

Además, instó a la Junta a exigir al Gobierno el cumplimiento de la ley de unidad de mercado para poder avanzar en la simplificación administrativa, pues recordó que un estudio de la patronal planteaba antes de la pandemia del COVID que a los empresarios les costaba más de 45.000 millones de euros tener que cumplir con normativas diferentes sobre un mismo ámbito, como las del etiquetado.

También, aludió a la producción normativa de las administraciones, que recordó obliga a las empresas a leerle un libro de 255 páginas cada día, algo "inviable", por lo que invitó a utilizar más los "textos refundidos" y "monotemáticos", para no crear inseguridad jurídica y diferentes interpretaciones, y a tramitar con más rapidez la legislación.

"Testigos" y "sufridores"

Finalmente, el presidente autonómico del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local coincidió con lo expresado por el resto de participantes en el acto y aludió, por ejemplo, a los efectos de la ley de contratos y las modificaciones que se han tenido que hacer en poco tiempo. En nombre del cuerpo de funcionarios a los que representa, Raúl Elvira Fernández aseguró que son "testigos y sufridores" de estas trabas que dificultan su gestión pública y la relación, a veces, de los ayuntamientos con la Comunidad.