En la provincia de Burgos existen ocho colegios de educación especial, en los que el curso pasado estaban escolarizados 176 estudiantes con diferentes discapacidades o trastornos graves de conducta, 107  en centros públicos y el resto, en centros privados. Los públicos son el Fray Pedro Ponce de León, ubicado en Burgos capital, y Fuenteminaya, en Aranda de Duero; en Miranda, hay una unidad sustitutoria que funciona como centro de educación especial vinculada al colegio La Charca, y con este mismo modelo se trabaja en el colegio San Isidro, de Medina de Pomar, y en el Juan Abascal, de Briviesca. Los privados están en Burgos capital y vinculados a asociaciones: Puentesaúco (Aspanias), El Alba (Autismo Burgos) y Centro Estela (Síndrome de Down).

Las familias de estos niños llevan bastante tiempo inquietas por los cambios que en este tipo de dependencias educativas podrían operarse una vez se apruebe la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como la Ley Celaá, en referencia a la ministra de Educación Isabel Celaá. Tal es así que ya en 2019 muchas de ellas se echaron a la calle. Ahora, y con la continuación de su tramitación en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a recuperar el foco informativo por el futuro de los centros de educación especial.

¿Qué dice la ley?  Que la escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial «sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios», algo que está en línea con el mandato de la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene, además, una disposición adicional en la que se afirma que se garantizará la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno  yque el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Belén Santamaría, madre de Aitana, con síndrome de Down. - Foto: Patricia González

Raquel Peña es profesora especializada en atención a la diversidad, ámbito en el que tiene años de experiencia de trabajo en la Administración, y lamenta profundamente el desasosiego que les está creando a muchas familias las noticias que les están llegando sobre un futuro cierre de los colegios de educación especial: «Me duele la ansiedad que se está generando en las familias cuando se trata de una manipulación política, porque la LOMLOE no modifica la LOE en este aspecto». Para dar de fe de ello  se remite al texto conocido hasta ahora: «Dice claramente que se tenderá a lograr el acceso del alumnado en el régimen más inclusivo. Esta ley no supone ninguna amenaza porque siempre va a haber niños cuyos ritmos de aprendizaje y de descanso y cuyas pluripatologías van a impedir que estén en entornos ordinarios por muchos recursos que les pongamos: La propia ley, en el artículo 74, dice que la escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los 21 años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios, que es lo mismo que decía la LOE. Y estos niños con pluripatología siempre van a existir».

El gerente de la Asociación Síndrome de Down Burgos, a la que está vinculada el Centro Estela, Luis Mayoral, asegura no tener ninguna inquietud por un posible cierre y dice que lo hace ateniéndose al literal del anteproyecto de la ley: «En  mi opinión, si se mantiene esa disposición adicional, los colegios de educación especial seguirán cumpliendo su papel en el sistema educativo y no se verán afectados sustantivamente». Por su parte, la presidenta de Autismo Burgos, Simona Palacios, criticó la ley, a la que considera «absolutamente ideológica» y afirmó que en su espíritu está que «desaparezcan estos centros» aunque para ello «el sistema educativo tendría que sufrir una transformación tan absoluta a todos los niveles que no creo que tenga capacidad para hacerlo». Aún así, advierte de que en el hipotético caso de que se sustanciaran cambios tras  la moratoria de diez años prevista por la ley «nos tendrían a los padres enfrente».

Belén Santamaría (Madre de Aitana, con síndrome de Down): «Tal y como está indicado en la ley no siento que estén en peligro. Hay mucho ruido político»

Claudia Sánchez, madre de Gonzalo, con trastorno del espectro autista. - Foto: Valdivielso

Desde 2011 Belén Santamaría es la presidenta de la Asociación Síndrome de Down Burgos, entidad titular de uno de los cuatro colegios de educación especial que hay en la ciudad, el Centro Estela. Allí irá su hija Aitana en un futuro porque,  de momento, está escolarizada, y encantada, en el colegio ordinario Blanca de Castilla. Santamaría cree que alrededor de la -enésima- reforma de educación, la denominada ‘Ley Celáa’, hay «mucho ruido político»: «Hay una disposición adicional que deja diez años de maniobra. En este tiempo pueden cambiar muchas cosas y mucho más, una ley de educación como ya se ha visto. No tengo ningún miedo de que se cierren los colegios de educación especial. Es verdad que tengo amigos que están muy asustados y que pienso que sería un error muy gordo que desaparecieran, pero tal y como está puesto ahora mismo en la ley no siento que estén en peligro».

A su juicio, son necesarios los dos tipos de centros, los ordinarios y los especiales: «A mi hija, que ahora tiene 14 años, la llevaré al Centro Estela cuando llegue el momento en el que no necesite tanto aprender a nivel curricular como habilidades de la vida diaria y que refuercen su autonomía, y, en este sentido, entiendo que haya muchas familias con niños con discapacidades mucho más profundas y problemas médicos que no le vean la utilidad a su integración en un colegio ordinario. No le veo el sentido, por ejemplo, a estudiar Sociales mientras un niño tiene que trabajar la motricidad con una pelota».

Por otro lado, cree que los colegios ordinarios no están en absoluto preparados para acoger a los niños con discapacidad y pone como ejemplo que los profesores de apoyo ‘se utilizan’ para cubrir las bajas de sus compañeros «porque la Junta tarda quince días en mandar un sustituto»: «Si se quitan los centros de educación especial habrá que reforzar muchísimo los ordinarios y eso lo veo a años luz aunque ojalá que todos los coles tuvieran enfermeras para atender las necesidades de los niños con discapacidades severas». 

Yolanda Bergado, madre de Dafne, con síndrome de Mowat Wilson - Foto: Valdivielso

Claudia Sánchez (madre de Gonzalo, con trastorno del espectro autista): «No se puede tirar a la basura el trabajo de tantos años y de tantos profesionales»

Como a tantas otras madres, a Claudia Sánchez también le ha llegado información a propósito del riesgo que corren los colegios de educación especial de ser cerrados para que los niños con discapacidad se integren en centros ordinarios y esto le ha llenado de inquietud porque su hijo Gonzalo, de 11 años, tiene un trastorno del espectro autista y actualmente está escolarizado en el colegio El Alba, de Autismo Burgos, después de pasar  casi cuatro años en una de las dos aulas estables que esta entidad tiene en el colegio Sagrado Corazón Hermanas Salesianas de la carretera de Arcos: «He estado siempre muy contenta porque allí se cumplía la inclusión que buscamos y siempre en función de las capacidades de Gonzalo se integraba en una clase o en otra».

Asegura que no conoce el detalle de la ley pero que desde la asociación le han transmitido tranquilidad: «De momento, nos han dicho que estemos tranquilos. Después, habrá que hacer lo que haya que hacer porque lo que no se puede es tirar a la basura el trabajo de muchos años y la experiencia de tantos profesionales. Es como si se parara la investigación para el tratamiento de una enfermedad».

Montse Sáez, madre de Jesús, alumno con discapacidad intelectual. - Foto: Valdivielso

Yolanda Bergado (madre de Dafne, con síndrome de Mowat Wilson): «No me fío de que no vayan a cerrar nuestros colegios»

Yolanda Bergado, presidenta de la Ampa del colegio Fray Pedro Ponce de León «en funciones», salió a la calle en 2019 para exigir el mantenimiento de los centros de educación especial y es hoy aún el día en que sigue teniendo una enorme inquietud por el futuro del  colegio al que desde hace más de una década acude su hija, Dafne, de 16 años y diagnosticada de un síndrome Mowat Wilson. Cree que, según la nueva ley, «será transformado en un centro de recursos de apoyo a los colegios ordinarios y  me imagino que los niños más afectados se quedarán»: «También tengo otra teoría, y es que los más afectados los irán moviendo a distintas asociaciones porque me ha llegado que ya están preparando aulas. Lo que el Cermi (Comité de Representación de Personas con Discapacidad) quería era coger las subvenciones y luego repartirlas entre las asociaciones».

Yolanda se muestra «encantada» con el trato que recibe Dafne en el Fray Pedro Ponce de León y «de ninguna manera» le gustaría que cerrara: «Mi experiencia -aunque parezca increíble- es que mi hija sufrió bullyng en un colegio ordinario por niños de cinco y seis años: le pegaban, le tiraban por las escaleras... Por eso decidí llevármela al Ponce y ahora allí es feliz, es muy feliz, por eso me da miedo que esto pueda cambiar, que el colegio se transforme, porque a mi hija me la podrían llevar a un instituto normal porque es muy autónoma y eso no lo voy a hacer porque sufriría mucho. Yo quiero que todo siga igual y aunque en la ley no hable de cierre de estos colegios no me acabo de fiar, se quedarán como centro de recursos y con media docena de niños muy afectados y los dejarán allí».

Por otro lado, no cree que en los colegios ordinarios se llegue a contar con los recursos y la formación del profesorado con los que cuenta el Fray Pedro Ponce de León: «¿Quién se cree que van a adaptar los colegios y a poner un aula multisensorial o una cocina para que aprendan a cocinar o un apartamento donde les enseñan a vivir de forma independiente? Nadie». Finalmente, y con respecto a otras familias del mismo colegio asegura que están muy relajadas «porque dicen que esto no va a pasar».

Montse Sáez (madre de Jesús, alumno con discapacidad intelectual): «En un colegio ordinario mi hijo sufría mucho estrés. Aquí es feliz»
Aunque a ella ya no le afectará porque su hijo Jesús, con una discapacidad intelectual, ya tiene 18 años, Montse Sáez lamenta profundamente que el Gobierno se dé diez años para transformar los colegios de educación especial: «Aunque no hablen de cierre, así, de forma específica, creo que los quieren dejar como un apoyo o centros de día o para hacer actividades puntuales y eso no me parece bien. Mi hijo estuvo escolarizado en un centro ordinario y en Primaria estuvo bien pero, claro, él no se iba desarrollando como los otros e iba teniendo más dificultades y por eso le cambié. Los niños, además, son muy crueles y se suelen cebar con el más débil, algo que les suele pasar a los nuestros».

Decidió pasarlo a Puentesaúco cuando cumplió 14 años y fue lo mejor que pudo hacer por él, afirma. «Llegó con un estrés muy grande porque es un chico muy perfeccionista y se frustraba cuando no conseguía sus objetivos. Así que al llegar al colegio de Aspanias se relajó, salió feliz y encantado de la vida, y feliz ha seguido todos estos años. Si en clase se levanta, porque necesita moverse, aquí no pasa nada, todo está más normalizado, no es el raro, como en otros colegios. A mí me encantaría que mi hijo fuera a un colegio ordinario pero cada uno tiene su lugar y todos tenemos que encontrar nuestro sitio en la vida y en estos colegios a ellos les enseñan a vivir».