El alquiler tradicional de vivienda en Burgos afronta una situación «excepcional y crítica» y, además, de muy difícil gestión. Los pocos pisos/casas que salen al mercado con cuentagotas desaparecen inmediatamente de la oferta, pues hay una cola de demandantes viva a la espera de lograr una oportunidad atractiva en precio y ubicación. Pero, lejos de animar el mercado, muchos propietarios están optando por cerrar viviendas o arrendarlas de forma temporal (vacaciones, quincenas, semanas o días) por el «miedo» a la inseguridad jurídica que se ha generado en torno a este sector.

Burgos no es una plaza turística ni una gran capital, pero el mercado se rige por las mismas leyes y sufre los mismos males que a pie de playa o a escasas manzanas de La Castellana o La Diagonal. La natural evolución de la oferta y la demanda, con sus picos y bajadas de precios, se ha interrumpido y eso está generando un «grave problema social».

Apenas hay alquiler disponible y hay una creciente población de nuevos trabajadores captados por la industria y los servicios, especialmente inmigrantes y jóvenes, que están buscando dónde alojarse para implantarse en la ciudad y no lo encuentran.

Los teléfonos de los principales operadores en el mercado local no paran de sonar, reconocen, aunque la respuesta es siempre la misma: «Hay lo que hay...», es decir, muy poco o nada y sin visos de que la situación se corrija. 

La Cámara de la Propiedad Urbana es un buen ejemplo. Simple y llanamente, la oferta de alquiler que gestiona «se agota al instante». «Ya conocemos en el fenómeno de las colas de candidatos», señalan.

El problema, explica el gerente de este organismo, José Muñoz Plaza, es muy complejo y hunde sus raíces en los confinamientos y el parón de la pandemia y en aquellas medidas de sobreprotección de los arrendatarios que no solo no han desaparecido, como la congelación del IPC, sino que se han generalizado y endurecido. «Muchos propietarios se están retrayendo a la hora de poner un arrendamiento en el mercado por las medidas restrictivas de sus derechos».

Estas medidas, resumen, se traducen en un auténtico «calvario» si «te sale mal el inquilino», es decir, si empiezan los impagos, se solicita el desahucio y se activan todos los controles de la nueva normativa para la protección de la vulnerabilidad económica y social.

Una operación de desahucio ante un inquilino moroso se traduce en multitud de trámites burocráticos ante el Ayuntamiento, los Servicios Sociales o la Junta para confirmar si hay o no un caso de vulnerabilidad. «Muchas veces no obtienes respuesta alguna...».

Son abogados y meses de demora con la certeza de que el piso estará ocupado sin percibir una sola renta. «Se han alargado muchos los plazos y son muchos meses en los que no se va a recibir ningún ingreso», explica Muñoz Plaza, que ya gestiona desahucios prorrogados hasta el 31 de diciembre del presente año.

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