La polémica suscitada por el ingente consumo registrado en una tarjeta de telefonía móvil municipal desde un duplicado que obraba en poder del concejal de Nuevas Tecnologías, suspendido cautelarmente de sus responsabilidades en las áreas investigadas, arraiga el 14 de octubre de 2010. Ese fue el día en el que Eduardo Villanueva solicitó esa copia y, por tanto, el momento exacto en el que todo comienza. Sin embargo, la percepción de que se había cometido un error que tenía consecuencias brutales sobre la facturación no se tuvo hasta junio de 2011.
Fue entonces cuando la propia compañía suministradora del servicio alertó a los servicios técnicos de que la factura correspondiente a la telefonía móvil municipal por el periodo que va desde medidos de abril hasta medidos de mayo de aquel año estaba registrando consumos superiores a los 200 gigas de datos y que la traducción era una cuenta que superaba los 100.000 euros.
Eso, a su vez, era consecuencia de que desde una sola tarjeta, el duplicado de Villanueva, se había hecho un consumo por valor de 207.000 euros (posteriormente se aplicaron los descuentos al conjunto y de ahí resultó la de 128.000, que fue la que se envió para ser cobrada).
Pero hasta entonces, la tarjeta había provocado consumos por valor de 10.453 euros en diciembre de 2010, de 5.249 en enero de 2011, de 8.780 en febrero de 2011, de 5.379 en marzo de 2011, y la de 128.000 entre abril y mayo, que es resultado de sumar el consumo de 207.000 euros desde el duplicado a todo el resto del consumo municipal y aplicar los descuentos que el Ayuntamiento tiene negociados con la compañía. Más claro: de los 128.189 euros de ‘receta ‘, 122.310 estaban vinculados a la tarjeta que tenía Villanueva después de aplicársele todos los descuentos. Y más claro aún: los descuentos que correspondía aplicar ya se habían aplicado, por lo que no pudo existir error alguno por parte de la compañía.
Hasta que esa factura no llamó tanto la atención de Telefónica que avisó al cliente, nadie se había percatado de que el concejal había hecho uso durante meses de ese duplicado en un terminal, al parecer un ordenador portátil, que no estaba ‘cubierto’ por la tarifa iPhone, que es la que dispone de tarifa plana.
Negro sobre blanco
Así lo recoge el informe técnico al que tanto algunos miembros del equipo de Gobierno como varios concejales de la oposición han tenido acceso (aunque no se ha facilitado copia), y que constituye parte esencial del ‘todo’ que Secretaría General debería entregar mañana al alcalde, Javier Lacalle, para cumplir con el mandato dado por el jefe del Ejecutivo local.
En el mismo informe se señala que se abrieron negociaciones con la compañía defendiendo que, de haberse utilizado la tarjeta en algún terminal que sí estuviera vinculado a la tarifa plana, el consumo estratosférico seguiría siendo el mismo, pero el coste sería ridículo en comparación con lo facturado. Es decir, nadie habría reparado en que ese duplicado no se utilizaba en los teléfonos ‘asociados’.
Dentro de la documentación que se adjunta al informe, y concretamente en una comunicación por escrito entre los servicios técnicos municipales y el gestor de cuentas de la compañía y que no puede ser modificada o redactada en un sentido u otro puesto que ya existía desde que se comunicó al Ayuntamiento lo que estaba ocurriendo, existe una referencia explícita del técnico a que se hizo «un uso indebido» del que habría de desprenderse «una penalización». Así se lo han confirmado a este periódico hasta tres concejales que han podido ver el expediente o, al menos, escuchar su lectura en primera persona.
Igualmente, las mismas fuentes confirman todo lo avanzado por este periódico en lo referente al pago de las facturas. Así, y tras comprobar con retroactividad los consumos de la línea en cuestión, el técnico responsable de dar el visto bueno a su pago aceptó pagar el consumo de todas las líneas menos de esa, advirtiéndolo por escrito en todos los casos.
Haciéndose eco de esa advertencia, el actual titular de Hacienda, Salvador de Foronda, firmó un decreto con fecha 28 de junio de 2012, tal y como él mismo explicó ayer, en el que vetaba el pago de la factura de 128.000 euros hasta que no se resolviera la negociación ‘paralela’ con la compañía para eliminar la tarificación del duplicado y reducir la cuenta total (al desaparecer el mayor consumo) a algo más de 5.400 euros.
Pero, a pesar de eso, y erróneamente, la factura se pagó con cargo al ‘Plan Montoro’, tal y como este periódico adelantó la pasada semana. De que se había abonado, dice el informe -según constatan cuantos han podido verlo- que se tuvo constancia a fecha 18 de octubre de 2012. Es decir, después de que este periódico lo publicara. El quién, cómo y por qué precipitó el pago es algo que debe determinar la segunda parte del todo que se investiga, la vinculada a los servicios de Intervención.
Sea como fuere, la compañía (que había reclamado el pago de esos 128.000 euros y que para poder cobrarla del ‘Plan Montoro’ tuvo que dar el OK al Ministerio de Hacienda), anuló la factura, tal y como también explicó este periódico en su edición del pasado 17 de octubre, emitiendo una nueva por valor de 5.544 euros, que igualmente fue pagada a la compañía en septiembre de este año.
De lo que nada dice el informe, al menos hasta donde se ha mostrado a quienes se prometió que tendrían pleno acceso a la información, es de lo que pasó con todas las anteriores que, sin aproximarse a la de abril y mayo, también sumaban consumos equivalentes a una facturación de decenas de miles de euros.