En la cabeza de Mónica Pérez Villegas no entraba la posibilidad de ser la cara visible de los abogados burgaleses hasta hace apenas unas semanas. Su antecesor en el decanato, Guillermo Plaza, anunció a su equipo que no se presentaría a la reelección y sus compañeros de Junta la animaron a dar el salto. No tuvo oponentes en los comicios y se ha convertido en la primera mujer decana en el colegio.
Es usted la primera decana después de 190 años de historia del Colegio. ¿No son muchos años sin una mujer al frente?
Creo que son muchísimos. Me siento muy honrada e ilusionada, pero creo que en la provincia de Burgos hay abogadas preparadas, luchadoras y capacitadas que podían haber ocupado este puesto muchísimo antes. Ha habido vicedecanas, pero faltaba llegar al decanato. Yo además voy a estar acompañada por Marina Villuela y estoy segura de que entre las dos vamos a hacer muy buen tándem.
El 50% de la abogacía en España son mujeres, pero solo en 18 de los 83 colegios hay una decana al frente. ¿Falta mucho para romper el techo de cristal?
Sí, pero no solo a nivel institucional en el Consejo de la Abogacía, también en el caso de los despachos privados. El porcentaje de mujeres en las grandes firmas es de un 20%, por lo que habrá que empezar a romper ese techo poco a poco. Es una cuestión de educación y de cultura.
Usted ya estaba en la anterior Junta de Gobierno ¿Qué le animó a dar un paso al frente?
Mis propios compañeros. Ni siquiera me lo había planteado, pero fue tan apabullante su apoyo que no pude decir que no. Somos un equipo, hay gente muy sólida y solvente. Eso me da mucha fuerza. Por otro lado, creo que a Guillermo Plaza hay que darle las gracias por todo el esfuerzo y dedicación de los últimos años. Abrió ventanas y levantó alfombras desde el principio.
Debajo de esas alfombras apareció el presunto desvío de fondos de la exgerente. ¿Qué supuso económicamente para el Colegio?
Se han hecho diversas auditorías que hablan de un desfalco importante, cercano al medio millón de euros. Es un tema que está judicializado y la instrucción penal está a punto de finalizar. Espero que se diriman las pertinentes responsabilidades más pronto que tarde.
¿Cuáles son sus objetivos para estos próximos años?
Lo más inminente es la renovación de los estatutos, que llevan sin actualizarse desde el año 2005. Estamos obligados por el nuevo Estatuto de la Abogacía. También impulsaremos el Instituto de Medios Adecuados para Solución de Controversias, que es un órgano en el que está encuadrada la mediación, por ejemplo. Queremos abrir las comisiones a todos los colegiados, que haya participación. Me gustaría que fuéramos abiertos y que la gente conozca nuestro oficio porque a veces siento que la profesión está muy denostada. También quiero que seamos reivindicativos, tanto para poner en valor nuestro papel en la provincia como también en el turno de oficio, que es el corazón de la institución.
Un turno de oficio que sigue siendo mal pagado. ¿Qué deben hacer los profesionales para que el Ministerio les haga caso?
Tenemos el mejor sistema de justicia gratuita y los mejores profesionales del mundo, pero en el territorio común los letrados están muy maltratados. No puedes tener a personas solventes cobrando la mitad o tres veces menos que los que ejercen en comunidades con competencias adquiridas. Tenemos la oportunidad de reivindicarnos aún más, porque es cierto que el Ministerio es duro de mollera. Lo cierto es que el Colegio ha adelantado dinero para que los compañeros cobren en tiempo y forma, porque ya no solo es que no se actualicen los baremos, es que cada vez exigen más requisitos y más datos que lo único que consiguen es restar abogados al turno.
¿Cómo ha afectado la pandemia al oficio?
Al principio como a muchos sectores. Los plazos se suspendieron, pero había abogados que tenían que acudir a asistencias sin apenas medios. Fueron días tristes y peligrosos. A medida que fueron pasando los meses salimos adelante y creo que hay cuestiones en las que hemos ganado. Un ejemplo son las atenciones telemáticas al detenido, o las audiencias previas en materia de contratación. Soy partidaria del cara a cara, pero en estos casos reconozco que se ha conseguido agilidad.
Con el final de los ERTE y de la moratoria para presentar concursos de acreedores, ¿prevé un colapso de algunos juzgados?
Se avecina una buena en lo Social, donde hace falta un cuarto juzgado, y en Mercantil, donde hay un déficit tremendo. También creo necesario un refuerzo en Penal, porque hay juicios que se señalan después de un año.
El Ministerio impulsó una serie de medidas para agilizar la justicia tras la covid. ¿Han servido para algo?
Sobre el papel quedaron muy bien, pero en la práctica no son efectivas. Se puede dar un impulso a la tecnología, pero si en los juzgados no pones los medios de nada sirven esas medidas. Y, por supuesto, habilitar el mes de agosto fue un despropósito porque parece que no tenemos derecho al descanso. Por suerte, en Burgos no se señalaron vistas, pero nos obligó a estar pendientes de notificaciones.
Otra de las cosas que sobre el papel sonaba bien pero que nació con multitud de críticas fue el expediente digital. ¿Ha mejorado algo en los últimos años?
Ligeramente, pero es otra de las tareas pendientes. Ha obligado a muchos profesionales a ponerse al día con la tecnología y es algo que admiro de muchos compañeros. A priori es una ayuda para todos los profesionales, pero volvemos a lo de antes: siempre que vaya acompañado de medios. De nada me sirve tener un buen sistema si en los juzgados no tienen material para que funcione de manera óptima.
¿Cuál es la situación en los partidos judiciales? ¿Es más difícil ser abogado en Salas o en Briviesca?
Burgos es la provincia con más municipios de España y los partidos judiciales son la pieza fundamental para la justicia de cercanía. No creo que haya solo que mantenerlos, sino que opino que hay que potenciarlos. No hay jueces que arraiguen, hay muchos sustitutos. Eso dilata los procedimientos. El abogado rural tiene que ser un medio de presión para que se le dé a estos juzgados la importancia que merecen.