El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España denegó este jueves a la Junta de Castilla y León la posibilidad de contar con una herramienta jurídica que permita el confinamiento domiciliario de los habitantes de Burgos capital, como así solicitara la consejera de Sanidad, Verónica Casado, al ministro Salvador Illa hace unas semanas y como reiteraron hoy los responsables del Ejecutivo autonómico a los representantes del Gobierno central.
Ante esta negativa, la Junta seguirá adelante con las medidas adoptadas este jueves en el Consejo de Gobierno y que entrarán en vigor una vez se publique el acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), según informaron a EFE fuentes presentes en la reunión telemática mantenida por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, con la Secretaría de Estado de Sanidad, a la que también asistió el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa.
Como aseguró posteriormente Igea en una entrevista en RNE, la reunión de este jueves fue "bien". "Ellos (el Ministerio) saben hasta dónde podemos apurar, pero nuestra pregunta esencial sigue sin responder", expresó el vicepresidente de la Junta, quien reconoció que desde el Ministerio se ha alegado que permitir estos confinamientos domiciliarios obligaría a reformar el decreto de estado de alarma, algo que es "complicado", añadió el portavoz.
"Preferimos pasarnos que no llegar con las medidas", continuó Igea, que insistió en que "no hay que volver a hacer las cosas a todo correr, hay que tener el escenario de los confinamientos domiciliarios previsto".
Entre las medidas restrictivas que se publicarán este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) se encuentra la limitación de las reuniones a un máximo de tres personas no convivientes o la limitación de los aforos "a 15 personas o un tercio de la capacidad total" en las celebraciones religiosas y civiles. También se ha pedido desde la Junta y desde el propio Ayuntamiento el "confinamiento voluntario" o autoconfinamiento, evitando salir de casa salvo para lo estrictamente necesario.
Además de estas restricciones, la Junta realizará un rastreo masivo mediante test de antígenos de segunda generación para la detección rápida de positivos debido a la elevada incidencia (superior a los 900 casos por cada 100.000 habitantes) y la baja trazabilidad (en torno al 30%) que impide el control de la pandemia.
Igualmente, Francisco Igea indicó por la mañana que se hará un seguimiento en 215 puntos de análisis de aguas fecales de la capital burgalesa para ver si hay zonas con mayor incidencia que otras, aunque "en todas está muy alta y es la única capital de la Comunidad en la que la incidencia sigue creciendo y no ha bajado", lamentó Verónica Casado en la comparecencia de prensa tras el Consejo de Gobierno.