El equipo de Gobierno mueve ficha para definir a la carrera la estrategia que debe sacar adelante su plan para la Zona de Bajas Emisiones. La sentencia que anuló el contrato con Etralux para la instalación de los elementos que permitirían el control del acceso de vehículos cuando se superaran los niveles de contaminación cambia el paso del Ayuntamiento de Burgos, obligado a iniciar los contactos para evitar un grave perjuicio a las arcas municipales.

En mitad del embrollo, el Ejecutivo sigue a la espera del balón de oxígeno que supondría la aprobación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) de la prórroga solicitada para implantar el denominado Burgos Central a partir del 31 de diciembre de 2024. 

Falta la confirmación oficial para completar este paso que otorgaría un margen de maniobra decisivo al Ayuntamiento, centrado ahora en llegar a un entendimiento con Etralux en la resolución del contrato y en 'rescatar' parte de la inyección económica de 2.653.275 euros procedentes de fondos europeos para poner en marcha la infraestructura técnica.

La administración local se muestra realista en la situación actual y asume que esos 2,6 millones de euros están en el limbo. Por este motivo, se centra en 'rescatar' la ayuda necesaria para desarrollar su Zona de Bajas Emisiones redimensionada con respecto al plan inicial planteado por el anterior equipo de Gobierno.

No será sencillo, puesto que ese impulso económico se fundamenta en el contenido del contrato ahora declarado nulo. El cambio de planteamiento afectará también a los fondos y el Ayuntamiento tiene la «esperanza» de conseguir a tiempo una partida satisfactoria.  «Queremos dejar claro que todo esto viene motivado por la anulación del contrato y por los consiguientes problemas que ha generado», explica el concejal de Movilidad, José Antonio López. 

El edil insiste en la necesidad de replantear la situación y reconducir los detalles de una financiación externa que, aunque varíe en el escenario actual, sigue siendo vital para que el Consistorio no se vea obligado desarrollar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones con fondos propios.

El Ayuntamiento ya ha iniciado los contactos con el Ministerio y, de forma paralela, se prepara para tratar con Etralux una solución pactada para amortiguar el revés económico que supondrá el pago de 700.000 euros a la compañía. Una cifra que, además, puede incrementarse si se reclama lo que se denomina lucro cesante, es decir, la ganancia dejada de obtener como consecuencia de no haber podido cumplir con el trabajo adjudicado.

Este acercamiento se producirá a lo largo del presente mes y el Ejecutivo planteará alternativas para «causar el menor perjuicio posible a la ciudad en la rescisión».

El planteamiento inicial contemplaba hasta tres niveles distintos de restricciones al tráfico y la instalación de 56 puntos de control vigilados por 59 cámaras. Ahora, con el dinero procedente de Europa «en situación de riesgo» y con la idea ya anunciada de limitar el radio de acción a las zonas peatonales y al tramo inicial de calle Vitoria -a expensas de las propuestas de ampliación diseñadas por los técnicos- el despliegue técnico se prevé menor. 

Con todo, el Ayuntamiento de Burgos considera que parte de estos elementos «pueden utilizarse para una serie de actuaciones incluidas en la implantación de la ZBE y previstas en la propia normativa europea al margen de las limitaciones perimetrales».

López asume la importancia de la negociación de la rescisión del contrato con Etralux, el otro aspecto decisivo de esta cuestión mientras se dan los primeros pasos para la redacción de la futura ordenanza. El Ejecutivo insiste en dar forma a una regulación «que sea lo menos invasiva posible, tanto para la libertad de las personas como para sus carteras». «No vamos a tener un superávit en base a ingresos extraordinarios, es decir, con multas», zanja, para desmarcarse del plan original que planteaba un saldo positivo de 5,2 millones de euros en 2030 mediante las sanciones aplicadas en las zonas perimetrales.

La prórroga de un año es vital para que el Ejecutivo defina sus líneas de actuación y uno de esos aspectos fundamentales es contar con la nueva ordenanza al final del primer trimestre de 2024. El objetivo es presentar el nuevo texto normativo después de Navidad para avanzar en el proceso administrativo previo y salvar sin contratiempos el periodo de alegaciones. 

José Antonio López pone el acento en esta cuestión porque el margen de maniobra es mínimo para que el 31 de diciembre de 2024 esté en marcha una Zona de Bajas Emisiones que ha supuesto un gran quebradero de cabeza. «Nos va a todos mucho en esto», concluye el concejal.