Cuando Elon Musk compró Twitter -rebautizado por él como X- una de las primeras medidas que tomó fue presentar sus planes para reducir considerablemente la plantilla y ofrecer una gran indemnización para todo el que no compartiera su visión. Ahora, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el hombre más rico del mundo se ha convertido en su mano derecha y está aplicando la misma medicina contra los funcionarios federales del país. Tijeras en mano, el empresario está llevando a cabo una serie de recortes en la Administración con el objetivo de blindar el Gobierno a imagen y semejanza del presidente republicano, dejando solo al personal estrictamente imprescindible.

El desmantelamiento de parte del aparato público con el pretexto de disminuir gastos es una tarea que está realizando Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés). Durante el primer mes de legislatura, este organismo hizo oficial el cese efectivo de entes como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), dedicada a la cooperación internacional, o de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), encargada de vigilar a Wall Street y proteger a los consumidores. Con ello, Musk aseguró haber recortado unos 1.000 millones de dólares al cancelar contratos y programas que promovían la diversidad, la inclusión y la equidad en el Ejecutivo.

No obstante, esta filosofía de reducir el gasto público tuvo su punto más álgido el pasado 22 de febrero, cuando el dueño de Tesla y SpaceX envió un correo electrónico a unos 2,3 millones de empleados federales. El contenido del mismo, muy claro: debían enumerar cinco tareas que realizaron durante la semana. Eso sí, con una amenaza: cualquier falta de respuesta en 48 horas se consideraría una dimisión. 

«Hay un fraude descarado, algunos pagos están yendo a trabajadores inexistentes», declaró Musk sin dar ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, Trump y el multimillonario vieron cómo la opinión pública se les echó encima y decidieron ampliar de manera indefinida el plazo del ultimátum.

El plan de recortes ha generado tensiones dentro del Partido Republicano. Varios legisladores, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, se enfrentan en sus distritos a votantes furiosos por los despidos, que ya han afectado a unas 20.000 personas.

El enfado con el proyecto se ha hecho patente en el propio DOGE, donde 21 especialistas en tecnología han renunciado a su puesto tras denunciar que su trabajo estaba siendo utilizado para «desmantelar servicios públicos esenciales».

Un equipo en ciernes

En su misión de acabar con «la burocracia gubernamental», Musk se ha rodeado de un equipo de confianza cuanto menos llamativo. La revista Wired reveló que se trata de seis ingenieros de entre 19 y 25 años, con apodos sexuales como Big Balls, y que son enviados como asesores sin autorización legal para realizar inspecciones de trabajo en las distintas agencias federales.

Por otro lado, esta puerta abierta hasta el corazón de la Administración ha hecho saltar las alarmas en la oposición, que cree que podría haber un conflicto de intereses con las empresas del multimillonario y un intento de acumular poder ilegalmente.

Ahora, Musk tiene el punto de mira puesto en el Departamento de Educación, que pretende desmantelar. No obstante, está empezando a toparse con el poder judicial, que ha impedido por ejemplo que el DOGE pueda acceder al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, que contiene datos personales de los estadounidenses.